La jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento denunció que la orden de detener a su padre, un ex coronel retirado en 1973 y ex funcionario de la gobernación de Misiones durante la última dictadura militar, es una maniobra de «presión» del Gobierno nacional por su actuación en la causa por el uso de reservas para el pago de deuda.
«Mi padre nunca tuvo causas abiertas en la Justicia por delitos durante la dictadura, y de repente aparece una orden de allanamiento, donde la Gendarmería le obligó abrir la puerta de su casa sino la tiraban abajo», explicó la magistrada en declaraciones a un canal de noticias de cable.
La orden de detención la libró el juez federal Sergio Torres a la Gendarmería ante un pedido de la un juez misionera, que investiga si Luis Alberto Sarmiento, de 84 años, cometió delitos de lesa humanidad mientras ocupó un alto cargo en la gobernación provincial. Según reveló su hija, en 1973 se retiró como coronel del Ejército, pero en 1976 se incorporó a la función pública como ministro de Gobierno. Ahora, se traslada en silla de ruedas, «casi no habla», padece el Mal de parkinson y tiene una mujer que lo asiste las 24 horas.
Según conjeturó Sarmiento, a partir de su resolución durante la feria judicial de suspender el DNU 2010/09 pese a la voluntad del Poder Ejecutivo, el Gobierno «tuvo un accionar desmedido» en contra suyo. «No es casual, es una presión, no importa si tiene dolo, pero es una presión. Pero no voy a acceder, voy a seguir trabajando como siempre. No voy a renunciar, ni me voy a ir, pero obviamente están ejerciendo presión», expresó.
Ante las declaraciones, la respuesta oficial no tardó en llegar. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la trató de «mentirosa» y negó vinculaciones con el caso. «Es un bochorno que una jueza de la Nación le quiera hacer creer a la sociedad que esto es un revanchismo del Gobierno», dijo.
La causa por la cual fue detenido Sarmiento investiga el crimen de Ángel Enrique «Tacuarita» Brandazza, un joven estudiante conocido como el «primer desaparecido de la Argentina», como lo califica el informe de la Conadep. Brandazza desapareció el 28 de noviembre de 1972, tenía 23 años y militaba en la Unión de Estudiantes del Litoral.
Fuentes judiciales del juzgado federal 12 de Torres explicaron que «no va a ser trasladado a los tribunales» de Comodoro Py 2002, ya que el juez «no debe hacer ninguna diligencia y solamente se va a limitar a cumplir el pedido de su colega», es decir a la detención. Luego de la revisión médica, y una vez recibidos los informes de los forenses, Torres los pondrá en conocimiento del magistrado misionero y, si está en condiciones de viajar y así lo dispone su colega, será entregado a la división traslados del Servicio Penitenciario Federal para ser conducido a esa provincia.
La jueza se mostró sorprendida por el operativo, pero admitió podría ocurrir por que «sobre este tema han aparecido artículos periodísticos». «A veces siento miedo», confesó al responder qué sensación le provoca estas acciones. Sobre la posible injerencia del Gobierno en la movida judicial, Sarmiento concluyó: «No hay que ser muy perspicaz, los hechos hablan por sí solos».