La Justicia porteña realizó ayer cuatro allanamientos en inmuebles del centro de la ciudad, donde incautó mercadería, en el marco de una investigación sobre organizaciones ilegales vinculadas a los manteros y a la comercialización de productos en la vía pública. Los operativos fueron realizados por un centenar de efectivos de la Policía Judicial, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en dos depósitos situados en Chacabuco al 600 y Viamonte entre Maipú y Florida, y en dos hoteles ubicados en Tucumán 730 y Perú 161.
Los investigadores secuestraron prendas de vestir, fundas de celulares, gorros, guantes, bufandas y bijouterie, que son comercializados por vendedores ambulantes en puestos improvisados sobre las calles Perú y Florida.
A diferencia de episodios anteriores, en estos operativos supervisados por la jueza contravencional porteña María Fernanda Botana, no participaron efectivos de la Policía Metropolitana ni de la Policía Federal.
Uno de los depósitos allanados fue un hotel situado en Perú 161, entre Yrigoyen y Diagonal Sur, una de las cuadras peatonales donde a diario se ubican estos vendedores informales.
La llegada de los efectivos de la zona causó revuelo entre los manteros, hasta que se explicó que el procedimiento comprendía a la mercadería guardada en los depósitos y no a los productos que se encontraban en los puestos callejeros.
Fuentes judiciales dijeron que no hubo detenidos aunque fueron identificados al menos seis personas consideradas responsables de la organización, entre ellas una ciudadanía peruana, todas documentadas.
Según la hipótesis investigativa, los manteros «no son independientes, responden a una organización que está individualizada y los organizan para ocupar el espacio público de manera irregular», revelaron las mismas fuentes.
La fiscalía, a cargo de Daniela Dupuy, ordenó un «informe patrimonial» para determinar el dinero que representa la mercadería secuestrada, y dispuso la requisa de un automóvil que se supone transportaba elementos para la venta en los puestos callejeros.
El artículo 83 del Código Contravencional porteño reprime a «quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido» con multa de 5.000 a 30.000 pesos.
Sin embargo, la investigación apunta a determinar si, además de esa normativa, también se violó la Ley de Marcas, y si la mercadería puesta a la venta ingresó al país de contrabando o respetando el Código Aduanero.