Buenos Aires, 20 octubre (PV) – El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro presos alojados en cárceles de Jujuy, acusados de hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones.
La resolución alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, a quienes el magistrado consideró “prima facie” miembros de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad, en calidad de coautores.
Según el fallo, la organización habría funcionado al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el Establecimiento Penitenciario N° 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, ubicado en San Salvador de Jujuy.
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La maniobra, de acuerdo con la investigación, consistía en utilizar distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.
Como parte central del ardid, los imputados se habrían hecho pasar por Rosatti y habrían usado su nombre, imagen, cargo e investidura, además de perfiles de WhatsApp con fotografías del titular de la Corte, imágenes del edificio de Tribunales o la denominación “Corte Suprema de Justicia”.
Con esa falsa identidad, se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad para pedir listados, datos personales y administrativos de personas privadas de la libertad.
Luego, esa información era utilizada para contactar a familiares o allegados y exigirles dinero bajo la promesa de obtener una libertad, una fianza, una caución o algún trámite judicial.
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El expediente también detectó otra modalidad: en algunos casos, la banda simulaba representar a empresas privadas para comunicar falsos premios, como dinero, vehículos o electrodomésticos, y pedir transferencias por supuestos “gastos de trámite”.
La causa se inició el 25 de noviembre de 2024, tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina en el que un hombre dijo ser “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con el argumento de un supuesto relevamiento vinculado con derechos humanos.
El llamado fue rastreado hasta la zona del penal jujeño y la pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
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En las requisas realizadas en diciembre de 2024 se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras. También se detectaron comunicaciones en las que los sospechosos hablaban de víctimas, transferencias y cuentas para mover dinero.
Entre los hechos atribuidos, el fallo mencionó el caso de Claudio Ariel Sarmiento, quien habría transferido $450.000 al alias “poderjudicial.mp” tras recibir llamados en los que le dijeron que debía pagar una “fianza” para lograr la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
También se incorporaron al expediente las maniobras sufridas por Fernando Alex Bautista Casimiro, quien transfirió $429.500 bajo la falsa promesa de haber ganado un vehículo, y por Camilo Vallejos, que declaró haber sido contactado por un supuesto premio de “telefonía satelital 4G” y estimó un perjuicio de entre $9.000.000 y $10.000.000.
Ercolini también trabó embargo sobre los bienes y dinero de los cuatro procesados por $5.000.000 para cada uno. Además, notificó la decisión a la Defensoría Pública Oficial, a la Fiscalía Federal N° 5 y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy.
Agencia NA