El Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal ratificó que los locales bailables no podrán vender alcohol después de las 5, ni permanecer abiertos más allá de las 7.
El Tribunal rechazó un planteo de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos (CEDEBA) contra una ley que regula y limita la venta de bebidas alcohólicas en locales bailables.
En voto dividido, la máxima instancia judicial de la Capital declaró «inadmisible» el planteo de CEDEBA contra tres artículos de la ley local 3.361, que modificaron el horario de expendio de alcohol al lapso entre las 8 y las 22 (en los locales bailables queda prohibida en el horario comprendido entre las 5 y las 10); prohibió el horario de ingreso a locales bailables entre las 4 y las 16 y estipuló el máximo horario para que permanezcan abiertos hasta las 7 de la mañana.
El reclamo sostenía que «mediante un ejercicio arbitrario del poder de policía local, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha fijado una serie de limitaciones al normal desenvolvimiento de la actividad de entretenimientos nocturnos, que implican un claro avasallamiento a principios constitucionales tan significantes como de ejercer actividad lícita, proporcionalidad, igualdad, legalidad y a trabajar».
El voto mayoritario de Alicia Ruiz, Ana María Conde y el conjuez Carlos Balbín consideró que no estaba expresado «de manera clara la forma en que los artículos cuestionados colisionan con los múltiples derechos constitucionales invocados» en la presentación de la corporación empresaria.
«Se advierte dominante una crítica reiterada basada en conjeturales conductas sociales de nuestros jóvenes frente a la reglamentación de la actividad comercial que representa la actora, empero no surge de manera clara la forma en que los artículos cuestionados colisionan con los múltiples derechos constitucionales invocados», expresaron.
En minoría, los jueces Luis Lozano y José Osvaldo Casás entendieron que estaban en juego derechos constitucionales que «implican hacer económicamente inviable la subsistencia de la industria, el derecho a ejercer industria lícita, el derecho de propiedad, el derecho a trabajar, y la garantía de igualdad ante la ley», según expresaron los empresarios.