El Gobierno nacional decidió postergar la privatización del Belgrano Cargas y extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas por las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza. La medida responde a pedidos de empresas interesadas y también incorpora cambios en los requisitos financieros, técnicos y en las condiciones para acceder al RIGI.
La definición llega en un momento clave para el futuro del sistema ferroviario de cargas. Con esta prórroga, el Ejecutivo busca dar más tiempo a las compañías para evaluar el estado de la infraestructura, calcular las inversiones necesarias y ajustar sus propuestas antes de avanzar con la licitación.
La decisión fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo vencimiento reemplaza al 11 de noviembre previsto originalmente y, además de modificar el cronograma, introduce cambios en las exigencias económicas y técnicas para participar del proceso.
Por qué el Gobierno postergó la licitación del Belgrano CargasEl Gobierno posterga la privatización del Belgrano Cargas y cambia las reglas para captar ofertas.
La prórroga responde a múltiples consultas y solicitudes de empresas interesadas en participar de la concesión, que pidieron más tiempo para inspeccionar las instalaciones ferroviarias y definir el volumen de inversiones que demandará la operación.
El procedimiento contempla la concesión de obra pública de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, actualmente comprendidas en la estructura de Belgrano Cargas y Logística S.A.. El esquema incluye las vías ferroviarias, los inmuebles aledaños y el uso de talleres, además de una opción de compra de material rodante.
Con la modificación del cronograma, las empresas podrán realizar consultas sobre los pliegos hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 10:00. La presentación de ofertas cerrará el 21 de diciembre, a las 9:59, mientras que la primera etapa de apertura se realizará ese mismo día, a las 10:00.
Cambios en los requisitos financieros para las empresas interesadasUno de los principales ajustes introducidos por Economía apunta a facilitar la participación de grupos empresarios integrados por distintos socios, con nuevas condiciones para acreditar la capacidad económica necesaria para asumir las concesiones.
La resolución establece que la solvencia financiera podrá demostrarse mediante hasta dos personas que actúen como socios financieros, siempre que cada una cumpla individualmente con índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. De esta manera, el Gobierno habilita una mayor flexibilidad para estructurar las ofertas.
Sin embargo, las exigencias serán mayores para quienes busquen operar varias líneas ferroviarias. Las empresas que presenten propuestas por más de una línea deberán acreditar el patrimonio neto correspondiente a cada una, de modo que puedan demostrar capacidad económica suficiente para afrontar simultáneamente las obligaciones asumidas.
Qué cambia para las empresas que quieran acceder al RIGILa nueva normativa también incorpora precisiones para los interesados en solicitar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que el Ejecutivo busca utilizar para impulsar proyectos de infraestructura y otras inversiones de gran escala.
Por cada línea ferroviaria, los oferentes deberán optar entre una Oferta A o una Oferta B, según su intención de solicitar o no la adhesión al régimen. Las alternativas son excluyentes, por lo que no podrán presentarse ambas opciones para una misma línea.
En caso de elegir la variante vinculada con el RIGI, los participantes deberán constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta, equivalente en sus condiciones a la exigida para la primera. La resolución aclara, además, que manifestar la intención de acceder al régimen no implica que sus beneficios sean aprobados automáticamente.
Nuevas exigencias técnicas y condiciones para operar los trenes de cargaEn materia técnica, el Ministerio de Economía dispuso que el socio técnico deberá conservar una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas previstas en los contratos.
Por su parte, los Contratistas Nominados asumirán responsabilidad solidaria e ilimitada durante ese mismo período, una disposición destinada a establecer obligaciones concretas para los participantes encargados de ejecutar los trabajos ferroviarios.
La resolución también introduce precisiones sobre la constitución de las Sociedades de Propósito Específico (SPE) que firmarán los contratos de concesión. Asimismo, establece que las tarifas máximas de peaje podrán expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta (US$/TKM), con el objetivo de uniformar la presentación y comparación de las propuestas.