El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contiene dos cambios de fuerte impacto social: propone eliminar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares, que alcanza a más de 9 millones de personas, y destina $7,3 billones a las universidades nacionales, un monto 33% inferior a los $11 billones reclamados por los rectores.
En el caso de las asignaciones, la modificación aparece en el artículo 17 y plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El punto central es el primero, que actualmente garantiza la movilidad de las prestaciones y vincula sus aumentos con la movilidad previsional.
Como el sistema previsional se actualiza mensualmente según la inflación, la AUH y las asignaciones familiares también reciben aumentos mensuales automáticos. En septiembre de 2026, por ejemplo, el incremento fue del 2,11%, tanto para las prestaciones como para los límites y rangos de ingresos.
Qué prestaciones quedarían alcanzadasEl cambio no se limita a la AUH. La derogación alcanzaría a buena parte del sistema de asignaciones familiares establecido por la legislación vigente. La excepción actualmente contemplada por la Ley 27.160 es la Asignación por Maternidad.
Entre las prestaciones alcanzadas aparecen:
La aprobación del artículo no implicaría que esas prestaciones dejen de pagarse. El cambio es otro: la AUH y la Asignación por Embarazo perderían la garantía legal que obliga a actualizarlas automáticamente de acuerdo con la movilidad previsional.
Si no se establece un mecanismo alternativo, el Ejecutivo podría continuar aumentando los montos y los topes mediante decisiones posteriores, pero ya no estaría obligado por la Ley 27.160 a hacerlo automáticamente. Especialistas citados en el documento advierten que eso abriría la posibilidad de que las actualizaciones queden por debajo de la inflación.
Desde Capital Humano aseguraron que los pagos no están en riesgo. «El Gobierno lleva tranquilidad de que no corre riesgo la prestación, vamos a cumplir con lo que nos obliga el Fondo Monetario, que es cubrir alrededor del 95% de la prestación», señalaron fuentes de la cartera. Sin embargo, el Ejecutivo no precisó si las asignaciones seguirán ajustándose por inflación si el Congreso aprueba la derogación.
Actualmente hay 4,14 millones de beneficiarios de AUH y 90.000 de la Asignación por Embarazo. Además, el régimen registra 3,97 millones de asignaciones familiares por hijo, 373.000 por hijo con discapacidad, 125.000 por nacimiento, 24.000 por prenatal y 300 por adopción.
La AUH pasó de $20.661 en noviembre de 2023 a $154.016 en septiembre de 2026. Según los datos incluidos en el documento, representa una mejora nominal cercana al 645% y un incremento del 102,8% en términos reales. Al incorporar la Tarjeta Alimentar, el aumento real conjunto frente a noviembre de 2023 alcanza el 49,4%.
Universidades: $7,3 billones contra un pedido de $11 billonesEl otro frente abierto por el Presupuesto está en las universidades nacionales. El Gobierno asignó $7,3 billones para 2027, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama aproximadamente $11 billones, una diferencia cercana al 33%.
Los rectores sostienen que los recursos contemplados en el proyecto no alcanzarían para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios durante 2027. Su cálculo incorpora además la ejecución de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo motivo de una disputa judicial con el Ejecutivo.
El Gobierno rechaza esa estimación y considera «injustificado» el cálculo del CIN. Según la posición oficial, los rectores estarían incorporando la interpretación sindical sobre los aumentos y una aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que la cautelar judicial vigente alcanzaría a determinados ajustes en becas y salarios.
La advertencia por el inicio de las clasesLa discusión tiene además un fuerte componente salarial. Capital Humano y la Procuración del Tesoro sostienen que los incrementos otorgados avanzan hacia el cumplimiento de la ley y toman como referencia el 21,3% de aumento acordado en junio, más otro 3% en octubre. Las universidades aseguran, en cambio, que todavía falta una recomposición del 31,2%.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de mayores recursos: «Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene».
Desde el Ejecutivo aseguran, por el contrario, que el funcionamiento universitario estará garantizado. Según la posición oficial, el proyecto contempla un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento y la principal diferencia con los rectores está concentrada en el componente salarial, que representa cerca del 90% de los recursos.
La disputa también continúa en la Justicia. Los rectores reclaman el cumplimiento de la cautelar dictada por el juez Martín Cormick, mientras el Gobierno sostiene que los aumentos que viene otorgando avanzan en esa dirección. El 1° de septiembre, el magistrado rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la medida cautelar.
El CIN presentó ante diputados y senadores su cálculo para las 60 universidades públicas nacionales. Los $11 billones reclamados contemplan salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.
Bartolacci explicó la diferencia entre las cifras: «Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no. Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado $9,8 billones. Llegamos a $11 billones con actualizaciones de otras áreas». El Ejecutivo respondió que su proyecto «incluye la cautelar más la inflación (proyectada en 18%)».