La decisión volvió a hacer arder la polémica. Un juez nacional en lo Civil ordenó la nulidad del casamiento homosexual celebrado la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, que había generado una enorme repercusión. Y ante ello, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales ya salió a anunciar que apelará la medida e incluso podría llegar «hasta la Corte Suprema».
La decisión fue adoptada por el juez Félix Igarzábal, quien hizo lugar así a la presentación del particular Ernesto Lamuedra. En esa presentación, Lamuedra solicitó la nulidad del casamiento por considerar que el acto fue «violatorio» del artículo 172 del Código Civil, que establece que para la existencia de un matrimonio es indispensable el consentimiento de un hombre y una mujer.
Además, al hacer lugar a la presentación, el magistrado pidió la devolución de la libreta entregada a la pareja conformada por Damián Bernath y Jorge Salazar Capón. La pareja había concurrido a la Justicia en lo Contencioso Administrativo porteña y había sido habilitada por la magistrada Elena Liberatori, quien consideró que no había impedimento en el Código Civil para los matrimonios del mismo sexo, ya que «no ofenden al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero».
«Vamos a apelar y estamos convencidos de que la Corte Suprema va a reconocer nuestro derecho a la igualdad», aseguró esta mañana María Rachid, la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, al referirse al fallo del juez Igarzábal.
Rachid anunció que pedirán el «juicio político por prevaricato al juez
Igarzábal» al entender que «está fallando de acuerdo a sus creencias personales».
En tanto, la abogada Florencia Kravetz, patrocinante de Bernath y de Salazar Capón, señaló que sus clientes no habían sido notificados de la resolución. «Hasta que no estén la notificación formal y la sentencia firme, no se puede ni suspender el acta ni devolver las libretas. Por mi parte, considero que este fallo podría llegar a ser un prevaricato, al violar las normas del debido proceso», dijo.