El fiscal federal Jorge Di Lello pidió desestimar la denuncia que el ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador Aníbal Ibarra hizo contra si mismo luego de la acusación del PRO sobre presuntos vínculos con el ex espía Ciro James, actualmente detenido por las escuchas telefónicas ilegales.
Al no haber impulso de la investigación de la fiscalía, el juez federal Norberto Oyarbide se ve obligado a desestimar la denuncia.
La decisión implica echar por tierra uno de los argumentos con que el PRO intenta demostrar de Ciro James no inició sus tareas de espionaje desde el Ministerio de Educación, donde ingresó a trabajar como empleado, sino que tuvo su incursión durante una gestión de Gobierno anterior al macrismo.
Di Lello pidió desestimar la denuncia luego de evaluar que de la propia denuncia que hizo el legislador el 21 de septiembre pasado «no se verifica ilícito» puesto que según dijo en su dictamen no se aportaron detalles sobre «cuál sería la falta», «ni la posible conducta que podría imputarse a los funcionarios» que intervinieron en el contrato por el cual se le cedió a James un permiso para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad en 2002, durante la gestión de Ibarra.
De esta manera, el fiscal contestó la vista que le corrió previamente el juez federal Norberto Oyarbide, quien tramitó la presentación de Ibarra.
El legislador hizo la denuncia luego de que el PRO en conferencia de prensa- denunciara que Ibarra durante su gestión como jefe de Gobierno había aprobado un contrato con el espía.
Además, el fiscal negó que haya vinculación de los hechos denunciados con otras causas donde se pidió investigar maniobras de espionaje a diputados nacionales, o bien aquella que el entonces legislador porteño Miguel Talento acusó que tenía el teléfono de su despacho intervenido en 2005.
Di Lello concluyó que «no se vislumbra relación alguna» entre esos antecedentes de espionaje telefónico, y los que se investigan en la actualidad.
Así, se pronunció a favor de que Oyarbide «deba desestimar la presente denuncia» por inexistencia de delito. La réplica la había dado el macrismo en la Legislatura porteña luego de los reiterados fracasos ante la Justicia de intentar revertir la imputación que recae sobre Mauricio Macri, acusado de ser «miembro» de una asociación ilícita, y que en su caso tuvo como fin escuchar a su cuñado Néstor Leonardo y Sergio Burstein.
Los encargados habían sido los legisladores Martín Borrelli y Cristian Ritondo, quienes denunciaron el contrato que James accedió el 6 de septiembre de 2002 luego revocado a los cuatro meses- para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad, un punto clave porque según dijeron- en ese predio «están los aparatos de escuchas de la Policía Federal y la SIDE».
De allí según la versión del PRO el interés de James de instalarse en ese lugar estratégico, sumado a que en ese momento se desempeñaba como personal de inteligencia del Ejército.
En lo que hace a la causa principal sobre las escuchas, durante esta semana, el juez Oyarbide tomará declaración a ocho personas, entre ellas funcionarios del Gobierno porteño e integrantes de la Policía Metropolitana.
Según las fuentes, a cinco integrantes de la policía Metropolitana los interrogará para que aporten detalles sobre las visitas que realizaba el espía James a las oficinas del cuatro piso del Ministerio de Seguridad porteño.
James fue filmado en algunas de las visitas durante el mes de septiembre del año pasando, ingresando con total facilidad al despacho del comisario Roberto Ontiveros.