Buenos Aires, 7 agosto (PV) – A más de veinte años del asesinato de Paulina Lebbos, su padre denunció que 25 causas derivadas del expediente principal permanecen paralizadas en Tucumán y advirtió que el paso del tiempo podría permitir que funcionarios y presuntos encubridores eludan la Justicia por prescripción.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Alberto Lebbos presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia de la Nación para solicitar la intervención del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), con el objetivo de auditar los expedientes y establecer qué medidas se adoptaron desde que una sentencia firme ordenó investigarlos el 25 de febrero de 2019.
La denuncia apunta directamente al Ministerio Público Fiscal tucumano, conducido por Edmundo Jiménez. Lebbos sostuvo que transcurrieron más de siete años desde aquel fallo y que, pese a que las pruebas se encuentran reunidas en la causa principal, no pudo acceder formalmente al estado procesal de los 25 expedientes. También alertó que la falta de impulso podría cerrar definitivamente la posibilidad de determinar responsabilidades.
El planteo adquiere una gravedad institucional mayor por los antecedentes del caso. Paulina desapareció en febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado trece días después al costado de una ruta. Dos décadas más tarde, nadie fue condenado como autor material del crimen.
En mayo de 2026, la Justicia absolvió al principal acusado, César Soto, mientras que nueve personas fueron condenadas en distintos procesos por maniobras de encubrimiento.
Entre esos antecedentes se encuentra el del exfiscal Carlos Albaca, condenado por haber desviado e inmovilizado durante años la investigación. La propia Justicia concluyó que quien debía esclarecer el homicidio terminó obstaculizando la búsqueda de la verdad. Frente a esa historia, la denuncia sobre otras 25 causas sin avances no puede ser tratada como una demora burocrática más.
El reclamo compromete en primer término a la conducción del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el gobierno de Osvaldo Jaldo tampoco puede mirar el caso como un conflicto ajeno bajo el argumento de la independencia judicial. La Provincia debe garantizar que todos sus organismos colaboren con las auditorías, preserven la documentación y brinden a la familia información verificable sobre cada expediente.
La autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público no puede convertirse en una zona de silencio. Jiménez debería publicar, sin vulnerar el secreto de las investigaciones, la carátula de cada causa, la fiscalía interviniente, la fecha de la última medida, las diligencias pendientes y el cálculo de los plazos de prescripción.
Si los expedientes avanzaron, esa información permitiría desmentir la denuncia. Si permanecen inmóviles, la responsabilidad institucional ya no podrá ocultarse.
El caso Lebbos expuso durante veinte años una trama de irregularidades, encubrimientos y fallas estatales. Que ahora existan 25 investigaciones con riesgo de extinguirse sin respuestas amenaza con convertir una sentencia destinada a reparar aquella impunidad en otro capítulo de la misma historia.
Agencia NA