El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó nuevamente la suspensión de los bombardeos a campamentos de las FARC, mientras esta organización guerrillera reveló que procura, en la negociación con el gobierno por un acuerdo de paz, una «amnistía amplia para los delitos políticos y conexos» cometidos por sus miembros.
«He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización; solo se podrán realizar por orden explícita del presidente», anunció Santos anoche en Cartagena de Indias, en el norte del país.
El mandatario advirtió que la medida, que no tiene límite de tiempo, será efectiva «si los campamentos están alejados de núcleos de población» o «no constituyen amenaza para la población, la fuerza pública, la infraestructura». La decisión fue adoptada en reciprocidad al cese del fuego unilateral iniciado por las FARC el lunes pasado.
Semanas atrás, tanto el gobierno como la organización guerrillera habían anunciado que adoptarían medidas que contribuyeran al «desescalamiento» del conflicto armado, con el fin de facilitar las negociaciones en pos de un acuerdo definitivo de paz, que realizan en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012.
Mientras tanto, el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, reveló que los delegados de la organización guerrillera buscan en las conversaciones con el gobierno «una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos» cometidos por sus miembros.
«Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento», dijo Santiago en declaraciones publicadas hoy por la revista Semana.
El abogado afirmó que el grupo armado vería con buenos ojos «un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad», así como que «se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador» que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad.
«Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad; creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval», sostuvo.
Santiago reconoció que esa herramienta extrajudicial está aún por definirse, pero consideró que podría ser «una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas».