Buenos Aires, 20 octubre (PV) – El Municipio de San Isidro denunció penalmente a una empresa de seguridad privada y pidió su sanción e inhabilitación por haber impedido el ingreso de efectivos policiales a un barrio cerrado tras un robo con privación de la libertad.
La medida fue adoptada luego del hecho ocurrido en la madrugada del domingo 18 de octubre, en jurisdicción de la Comisaría 11ª, donde tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Guido 2555.
Según informó la comuna, los hechos comenzaron alrededor de las 2:30, cuando una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 alertó sobre ruidos en los techos.
El móvil 442 de la Patrulla Municipal y el Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia realizaron un cerrojo en la manzana y revisaron viviendas linderas, donde hallaron un bolso con un crique.
Ante la sospecha de que los autores pudieran haber ingresado al barrio cerrado, la Policía solicitó autorización para inspeccionarlo, pero la seguridad privada negó el acceso.
Aproximadamente a las 3:34, tres hombres entraron por la parte trasera de la vivienda de Tomás Makintach, ubicada dentro del mismo barrio cerrado, y permanecieron allí entre 30 y 45 minutos.
Los delincuentes sustrajeron 1.000 dólares, 800.000 pesos transferidos desde una cuenta de Mercado Pago, un celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una PlayStation 3 y las llaves de un Honda estacionado en la calle.
Según el reporte municipal, los asaltantes no agredieron físicamente ni ataron a la víctima, pero escaparon en su Ford y la llevaron dentro del vehículo. La seguridad privada les abrió la salida del barrio.
La fuga siguió por Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, la víctima logró escapar del automóvil, que fue abandonado, y los autores huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano.
El municipio entregó a la fiscal interviniente las imágenes de las cámaras de seguridad municipales de la zona y trabaja con la Policía bonaerense y la Fiscalía para avanzar en la identificación de los responsables.
Además, presentó formalmente una denuncia penal contra la empresa de seguridad por resistencia o desobediencia a un funcionario público y por ayudar a eludir la acción de la autoridad.
La comuna también formalizó ante el Ministerio de Seguridad provincial el pedido de sanción e inhabilitación de la firma, por considerar que impidió el proceso de persecución.
Según la Ley provincial 12.297, los prestadores de servicios de seguridad privada están obligados a cooperar y asistir a las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con las personas o bienes bajo su vigilancia, custodia o protección.
La denuncia penal se enmarca en los artículos 239 y 277 del Código Penal, referidos a resistencia o desobediencia a un funcionario público y a ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o sustraerse a su acción.
Agencia NA