Buenos Aires, 1 septiembre (PV) – Claudio Poggi firmó el domingo 30 de agosto y remitió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027 de San Luis, pero la comunicación oficial no reveló el monto total de gastos y recursos, la distribución entre áreas, el nivel de endeudamiento ni la inversión prevista en obra pública.
El gobernador cumplió el plazo constitucional a horas de su vencimiento, aunque dejó a la ciudadanía sin el número central de la principal ley económica de la Provincia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el artículo 168 de la Constitución puntana obliga al Ejecutivo a presentar antes del 31 de agosto el presupuesto de gastos, el cálculo de recursos y el plan de obras públicas. El Gobierno informó que el expediente ingresó formalmente en las cámaras y destacó el cumplimiento de esa exigencia, pero su parte oficial se limitó a anunciar la firma y el envío.
La ausencia resulta más llamativa porque el propio Poggi había reconocido el 26 de agosto, cuatro días antes de rubricar el texto, que todavía no tenía una cifra. Consultado sobre el proyecto, respondió que debía reunirse con el equipo presupuestario para conocer los detalles y los programas de gobierno. El domingo se difundió la fotografía de la firma, pero el monto que el mandatario dijo no tener el miércoles siguió fuera del anuncio público.
La observación no significa que el expediente remitido carezca de números. Por definición, un presupuesto debe contener cálculos de recursos, autorizaciones de gasto y planillas anexas. El cuestionamiento se refiere a la información que la administración de Poggi decidió divulgar al formalizar el envío: al cierre del 31 de agosto, las notas oficiales y las comunicaciones que reprodujeron el acto no ofrecían el texto completo ni un resumen económico cuantificado.
El contraste con el ejercicio anterior es directo. Cuando Poggi firmó el Presupuesto 2026, el Gobierno informó ese mismo día que ascendía a $1.885.788.614.110. Después detalló que 82% correspondía a gastos corrientes y 18% a gastos de capital, con 11% destinado a infraestructura y más de $118.000 millones para soluciones habitacionales. Esas referencias permitieron discutir desde el inicio las prioridades y compararlas con el año previo.
Para 2027, en cambio, no se comunicó si el cálculo crecerá, permanecerá congelado o reducirá partidas en términos nominales. Tampoco se informó qué supuestos de inflación, recaudación provincial y coparticipación nacional utilizó Hacienda.
Es una omisión políticamente sensible porque San Luis depende en gran medida de recursos federales y porque el presupuesto vigente fue presentado por el oficialismo como una demostración de equilibrio fiscal y ausencia de deuda.
El texto definirá, además, los fondos de áreas que concentran servicios cotidianos: salud, educación, seguridad, salarios, asistencia social, transferencias a municipios, viviendas y mantenimiento de infraestructura.
No existe evidencia de que Poggi haya incumplido el plazo ni de que el proyecto esconda déficit o endeudamiento. Lo comprobable es que el Ejecutivo pidió abrir el tratamiento legislativo sin acompañar el anuncio con las cifras que permitirían evaluar esas afirmaciones.
La forma de presentación también condiciona el debate político. El oficialismo puede sostener que los legisladores tendrán acceso al expediente; sin embargo, el presupuesto no regula sólo la relación entre el Ejecutivo y las cámaras.
Es la autorización anual para recaudar y gastar dinero público, por lo que su monto global y sus principales composiciones constituyen información básica para contribuyentes, empleados estatales, proveedores y municipios.
Agencia NA