Buenos Aires, 10 octubre (PV) — En el Poder Judicial de la Nación hay 266 cargos vacantes: 159 se encuentran todavía en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 están en el Senado.
Además en el Consejo hay 75 concursos en trámite, que pueden abarcar una o más vacantes.
Ante este panorama, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, elaboró un informe en el que propone cuatro reformas para agilizar y brindar más transparencia a los procesos de selección.
-CONCURSOS ANTICIPADOS Y MENOS DISCRECIONALIDAD
El académico coloca el foco principal en la selección de magistrados y asegura que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos obstaculizan el funcionamiento del Poder Judicial.
Ante esto, recuerda el proyecto del nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema a través de la Acordada 4/2026, que fue remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
Los cargos vacantes en el Poder Judicial.
Universidad Austral
La iniciativa propone que los concursos anticipados puedan iniciarse sin tener que esperar a que haya una vacante. También sugiere añadir un legajo que sea digital y auditable.
Otra modificación consiste en reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal puede otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje, y plantea reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias.
A su vez, contempla un análisis técnico en dos etapas con mecanismos para garantizar el anonimato de los postulantes. «Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales«, afirma el letrado.
DETERMINAR SI LAS REFORMAS ACELERAN LOS JUICIOS
El abogado considera que hay que evaluar si las reformas procesales que se vienen implementando achican realmente los tiempos judiciales.
En este punto, recuerda que en los últimos años se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el ámbito nacional como provincial, destinadas a acelerar los juicios.
Lo que propone es medir su impacto real sobre la duración y eficiencia de los procesos y usar esa evidencia para establecer qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse.
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De esta manera, las reformas se dejarían de discutir solamente desde el plano normativo y se pasarían a comparar a partir de resultados: cuánto tardaban los procesos antes y después de los cambios y qué mecanismos consiguieron efectivamente reducir esos tiempos.
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS JUECES
La tercera propuesta de Santiago plantea analizar qué sucede una vez que un juez ya fue nombrado.
Aquí el profesional sostiene que el sistema judicial argentino desarrolló procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que sigue pendiente un mecanismo adecuado de evaluación periódica de su desempeño.
Por lo tanto, propone que los jueces den cuenta de su proceder ante sus superiores, los abogados y la sociedad.
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El letrado toma como punto de partida la siguiente diferencia, la cual, según indicó, puede verse dentro del propio sistema: juzgados que trabajan con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales muestran resultados distintos en eficiencia y calidad de gestión.
Por eso para el constitucionalista, medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y mejorar el funcionamiento institucional.
LA OPORTUNIDAD EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Como cuarto y último punto, el académico se centra en la importancia de fomentar un Poder Judicial que esté al servicio de la ciudadanía.
Para lograrlo, considera que las reformas institucionales tienen que ir acompañadas de cambios en las prácticas respecto a quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.
Como una oportunidad inmediata, señala la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, la cual, según afirma, servirá para debatir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.
Agencia NA