Buenos Aires, 4 octubre (PV) — Una organización internacional acreditada ante las Naciones Unidas presentó ante el Procurador General una denuncia formal contra el fiscal Fernando Arrigo, en la que solicitó la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra y su apartamiento de la causa que se sigue contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en Bariloche.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la presentación fue realizada por Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC).
La entidad cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y ya había realizado dos presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las que cuestionó la actuación de Arrigo en la investigación.
Con esta denuncia, la organización trasladó esos planteos al ámbito disciplinario argentino.
Según explicó, la decisión fue adoptada tras analizar nueva información y la evolución del proceso judicial.
“El patrón que se desprende es incompatible con los estándares que deben regir la conducta de un funcionario público encargado de la persecución penal”, afirmó CAP-LC en el documento presentado.
La denuncia se estructura en cinco ejes: el primero se refiere a la utilización de información procedente de la Federación Rusa dentro de la investigación.
La organización sostiene que los antecedentes elaborados por organismos de seguridad y judiciales rusos sobre disidentes políticos y religiosos deberían ser sometidos a un análisis especialmente riguroso antes de ser considerados elementos confiables.
En ese sentido, afirma que organismos internacionales, especialistas y observadores de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de emplear sin controles suficientes información originada en Rusia en casos vinculados con disidentes, y cuestiona que el fiscal continúe apoyándose en esas fuentes.
Para CAP-LC, no se trata de un documento aislado sino de una cuestión que podría afectar la construcción misma de la hipótesis acusatoria.
El caso de Elena Makarova
El segundo punto involucra a Elena Makarova, la joven rusa que viajó a la Argentina para dar a luz y que es considerada víctima en la investigación.
La organización cuestiona que la Fiscalía mantenga esa caracterización, pese a que la propia mujer negó públicamente ser víctima de Rudnev y rechazó en distintas oportunidades la interpretación realizada sobre su situación.
«La insistencia en presentarla como víctima contradice sus declaraciones documentadas», sostuvo CAP-LC.
La entidad recordó que Makarova realizó manifestaciones públicas, escribió sobre el expediente y presentó denuncias para expresar su posición, y consideró que desconocer esas declaraciones plantea interrogantes sobre el respeto de su autonomía personal.
Prisión preventiva y arresto domiciliario
El tercer cuestionamiento apunta al uso de la prisión preventiva. La organización recordó que, según los estándares internacionales, esa medida debe ser excepcional, proporcional y estar respaldada por riesgos procesales concretos, y acusó a Arrigo de utilizar la detención como una herramienta de presión, una imputación formulada por la denunciante que deberá ser analizada por las autoridades competentes.
En ese apartado, la presentación menciona además la duración de la privación de la libertad de Rudnev, su condición de extranjero y los problemas de salud informados durante el proceso.
CAP-LC cuestiona la necesidad de mantener una medida restrictiva de máxima intensidad y sostiene que emplear la detención como mecanismo de coerción sería contrario a los estándares internacionales sobre el derecho a un proceso justo.
El cuarto eje se centra en la oposición de la Fiscalía al arresto domiciliario.
Según la organización, los riesgos procesales invocados podrían ser cautelados mediante una medida menos restrictiva, por lo que cuestiona que el fiscal haya insistido en el alojamiento del imputado en un establecimiento penitenciario.
«La negativa a considerar alternativas a la detención contradice los principios de necesidad y proporcionalidad», afirmó CAP-LC, que agregó que observadores independientes que analizaron el expediente consideraron que el arresto domiciliario podría satisfacer los objetivos procesales planteados por la acusación.
La salud del imputado
El quinto cuestionamiento se vincula con el estado de salud de Rudnev y los informes médicos incorporados en los últimos meses.
La denuncia sostiene que especialistas independientes advirtieron sobre los riesgos de su regreso a una unidad penitenciaria y acusa al fiscal de no haber otorgado suficiente relevancia a esas advertencias.
«La dimensión médica de este caso no es secundaria. Es central», remarcó la organización, que vinculó ese planteo con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos y sostuvo que las autoridades deben garantizar que una medida de detención no ponga en riesgo la vida o la integridad de una persona.
Para CAP-LC, los cinco cuestionamientos conforman un mismo patrón y plantean interrogantes sobre la «imparcialidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos» en la actuación fiscal.
La entidad señaló además que la intervención de Arrigo en el caso ya había sido objeto de objeciones por parte de especialistas y organizaciones internacionales.
La organización pidió, finalmente, al Procurador General que el planteo tenga consecuencias institucionales concretas: la apertura de un procedimiento disciplinario contra Fernando Arrigo y su apartamiento de la causa Rudnev.
La presentación constituye una denuncia y no implica, por sí misma, que las irregularidades señaladas hayan sido acreditadas; corresponderá ahora a las autoridades competentes determinar su trámite y eventual alcance.
Agencia NA