El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria de la esposa del ex secretario de Obras Públicas José López, de dos supuestos testaferros y de una monja que aparece en una filmación de una cámara de seguridad recibiendo los bolsos con dinero que trasladó el ex funcionario a un monasterio de General Rodríguez.
El pedido del fiscal abarca a María Amalia Díaz, mujer de López; a Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos testaferros; y a la religiosa que recibió a López.
Lo hizo en el marco de la causa en la que el ex secretario fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por el delito de «enriquecimiento ilícito», como consecuencia de su detención en el convento cuando intentaba ocultar múltiples fajos de dinero, costosos relojes y un arma.
«Tres personas ingresaron al proceso desde hace tiempo por sospechas de complicidad con el enriquecimiento ilícito de José López. Se trata de María Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez. Las dos restantes irrumpieron la noche del 14 de junio. Se trata de Alba Día de España Martínez Fernández (conocida como «Madre Alba») y Celia Inés Aparicio (conocida como «Hermana Inés»), quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito», sostuvo el fiscal.
El dictamen evaluó un «relevamiento del tráfico de llamadas» telefónicas que detectó 22 conversaciones entre López y Díaz «entre el mediodía del 13 de junio y la madrugada del 14 de junio», cuando se produjo la detención.
«Hubo un contacto fluido -tanto personal como telefónico- entre ambos las horas previas a la detención de López y también cuando éste ocultó el dinero. Esto quiere decir que Díaz estaba al tanto que su marido intentaría borrar pruebas de su enriquecimiento espurio», reflexionó el fiscal Delgado.
Pero además, puso la lupa sobre otro hecho: «en pleno raid de López en miras a ocultar los millones de dólares que tenía, su mujer entabló varias conversaciones telefónicas con la Madre Alba».
«Esos contactos (en total fueron 11), en apariencia inocuos, adquieren preponderancia porque la Madre Alba no sólo vivía en el monasterio ‘Nuestra Señora de Fátima’ de General Rodríguez sino se encontraba a su cargo. Es decir, era responsable del lugar elegido por López para esconder su botín», añade el dictamen.