El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, llegó esta mañana a la sede de la entidad para hacerse cargo interinamente de la presidencia de la autoridad monetaria, tal ordenaba el acta dictada por la secretaría del directorio del viernes pasado.
En tanto, Martín Redrado, el presidente de la entidad removido por el Gobierno se retiró de su domicilio a las 10.00 rumbo a las oficinas de sus abogados donde trabajará en la estrategia a seguir.
«El Congreso Nacional, la Justicia y el BCRA han protegido las reservas y la tranquilidad de la economía argentina. Me parece que tenemos una oportunidad importante para dejar atras la crisis», dijo en diálogo con la nube de periodistas que lo esperaba a la salida de su casa de Palermo.
Redrado evitó en tanto responder las preguntas respecto a la imposibilidad de ingresar a su oficina en el BCRA que vivió anoche, cuando se acercó con sus abogados al lugar, lo que le fue impedido por efectivos policiales al edificio de Reconquista al 200.
Hoy, la Policía revisaba los baúles de los autos que ingresaban al edificio del Central, evitando así que el titular del organismo ingrese de esta forma a la sede de la entidad.
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández había advertido el viernes que Redrado no iba a poder ingresar “nunca más” a la entidad financiera y así fue. En respuesta, el ex «golden boy» presentó ayer una demanda penal contra el jefe de ministros quien hoy dijo en diálogo con varias emisoras no tener nada que ver con esta decisión.
En diálogo con varias radios, Fernández aclaró hoy que la decisión de aumentar la custodia del Central e impedir el ingreso de Redrado fue «una decisión del directorio» de la entidad financiera y no del gobierno nacional.
«El directorio tomo una decisión respecto de cómo interpreta la sentencia de la Cámara y sobre esa decisión evidentemente le han dado instrucción a las fuerzas de seguridad que custodia al banco», explicó.
En tanto, afirmó que si Redrado no denuncia a «los amigos del Poder que compraron dólares» como amenazó ayer «nosotros lo vamos a denunciar por encubridor».
«El tiene la obligación de denunciarlo. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando encuentra un hecho de esas características. Si el no hace la denuncia pertinente nosotros vamos a denunciarlo a él», sostuvo Fernández.