Buenos Aires, 29 de octubre (PV) – El gobierno de Gustavo Melella enfrenta un reclamo de Río Grande por $18.000 millones de coparticipación, según la actualización que difundió el martes el intendente Martín Pérez. La denuncia de atrasos escaló a una intimación al Ministerio de Economía provincial y sumó respaldo de autoridades del Concejo Deliberante y organismos municipales.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Pérez informó el 27 de octubre que el monto había crecido en $2.000 millones respecto de los $16.000 millones que había expuesto ante los concejales. Cuestionó que la incertidumbre sobre los giros dificulte negociar nuevos aumentos salariales y organizar los servicios de la ciudad.
La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, confirmó la intimación formal a Economía y calificó la situación como un “ahogo financiero”. Al hablar de una deuda que entonces superaba los $17.000 millones, sostuvo que equivalía al presupuesto de todo el ejercicio del sistema municipal de Salud.
La funcionaria afirmó que el reclamo corresponde a recursos que ya ingresaron a la Provincia. Su planteo distinguió la caída de la recaudación de la falta de remisión de dinero que, según la administración local, le pertenece al Municipio.
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció demoras de hasta 45 días y atribuyó el desfinanciamiento a una decisión política del Ejecutivo fueguino. Vinculó el reclamo con el sostenimiento del agua y las cloacas, los dispositivos municipales de salud, el transporte y la asistencia alimentaria.
El conflicto reunió el lunes 26 a representantes del Ejecutivo local, concejales, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas. En una comunicación publicada el 27, el Deliberante confirmó el acuerdo para acompañar las acciones de reclamo y pedir una reunión con Melella.
La presidenta del Concejo, Guadalupe Zamora, advirtió que las transferencias recibidas apenas alcanzan para cubrir salarios y dejan poco margen para sostener prestaciones. Reivindicó el reclamo como una obligación de distribución de recursos, antes que un pedido de asistencia extraordinaria.
Pérez aseguró que el pago de los haberes está garantizado. También reconoció la disminución de los ingresos provinciales, aunque insistió en que el cuestionamiento apunta a cómo se repartieron los fondos efectivamente percibidos.
La intimación al Ministerio de Economía quedó confirmada por Finanzas y el reclamo de Río Grande escaló a $18.000 millones, de acuerdo con la cifra que el intendente hizo pública el martes.
Agencia NA