El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, recusó esta mañana al juez federal Norberto Oyarbide, quien dictó su procesamiento como presunto integrante de una asociación ilícita en la causa por las escuchas ilegales.
Fuentes judiciales indicaron que la intención de Macri de apartar a Oyarbide se basa en informaciones periodísticas según las cuales el ex senador Héctor Maya habría manifestado que, en un ocasional encuentro, el magistrado le habría anticipado que iba a «llevarse puesto» al jefe de Gobierno capitalino.
En un escrito de 26 carillas, presentado hoy minutos antes de las 9, la defensa de Macri afirmó que Oyarbide «no cumple con el requisito constitucional de ser un ‘juez imparcial’ e ‘independiente’”.
«Por otra parte, las numerosas declaraciones realizadas ante los medios periodísticos son reveladoras de la efectiva predisposición a imputar a nuestro asistido desde el inicio de la investigación”, dijeron los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental, defensores de Macri.
Los letrados también cuestionaron el llamado a indagatoria y el procesamiento afirmando que «ninguno de esos actos, nulos de nulidad absoluta, pueden ser validados habiendo sido emitidos por un juez respecto del cual no se verifica la garantía de imparcialidad”.
Fuentes allegadas a la investigación restaron trascendencia al pedido de recusación y estimaron que el juez rechazaría el argumento planteado por los abogados Feder y Rosental, por lo que sería finalmente la Cámara Federal la que deberá resolver.
Para el caso que Oyarbide no hiciese lugar al planteo, los defensores hicieron reserva de «interponer oportunamente el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema” ya que «se encuentra en juego la garantía constitucional (de su defendido) a ser juzgado por un juez imparcial e independiente”.
El viernes último Macri quedó procesado sin prisión preventiva y con un embargo de 250 mil pesos en sus bienes por los delitos de «violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documento público y miembro de asociación ilícita”.
En tanto, ayer el juez Oyarbide dio un nuevo impulso a la investigación de las escuchas ilegales en la ciudad al requerir un listado de los teléfonos fijos y móviles usados por Macri.
«Queremos cruzar las llamadas que hizo Macri en el período en que funcionó el sistema de espionaje telefónico y saber si mantuvo conversaciones con otros imputados», dijo una fuente judicial.
El pedido del juzgado fue hecho a la Jefatura de Gabinete porteña y con un plazo perentorio de 24 horas para que le remita un listado de los teléfonos fijos y celulares que usa el jefe de Gobierno de la Ciudad, estén o no registrados a su nombre.