Buenos Aires, 16 junio (PV) — En medio de un clima de tensión marcado por el escándalo público que compromete a Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la oposición abrirá mañana otro frente de ataque contra el jefe de Gabinete en una reunión de comisión en la que se discutirán propuestas de cambios a la ley de «Principio de Inocencia Fiscal», el polémico traje a medida al que se acogió el funcionario para encubrir su vertiginoso incremento patrimonial.
Este miércoles a las 18 hs, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales abrirá sus puertas por expresa indicación de su presidente, el peronista pampeano Ariel Rauschenberger, para estudiar modificaciones a la Ley 27.799 de la que se beneficiaron el ministro coordinador y a su esposa, Bettina Angeletti.
La oposición denuncia que el Gobierno de Javier Milei exhibió esta ley de Inocencia Fiscal como un incentivo para que los argentinos «saquen los dólares que tienen debajo del colchón», pero terminó operando como un mecanismo de opacidad para que la propia cúpula oficialista no tenga que dar cuenta de sus aumentos patrimoniales.
Uno de los proyectos que será analizado es el presentado por el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón, quien propone modificar el artículo 38 de la ley 27.799 de manera tal de excluir de manera taxativa de la declaración jurada simplificada que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a funcionarios públicos y sus familiares directos.
Esto incluye, entre otros altos cargos, al presidente y vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios; legisladores nacionales, provinciales, concejales e intendentes, jueces, fiscales, magistrados, embajadores y militares de alta jerarquía.
Para evitar maniobras de triangulación o testaferros, el texto prohíbe el beneficio de forma directa a cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
El socialista santafesino subrayó que el régimen de Inocencia Fiscal “no puede convertirse en una vía para blanquear fondos obtenidos mediante la corrupción”.
La iniciativa fue presentada luego de la estridente polémica que suscitó la revelación de que Adorni y su esposa se habían acogido a la ley de Inocencia Fiscal al amparo del régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
La filtración encendió las alarmas debido a que el jefe de Gabinete no ha sabido hasta el momento aclarar los cuestionamientos públicos por las presuntas irregularidades e inconsistencias en su patrimonio.
En paralelo a esta ofensiva, que se replica con más fuerza en el Senado a través de una iniciativa de Juliana Di Tullio (Justicialista), distintos bloques de la oposición en Diputados presentaron un pedido de sesión especial para el martes 23 de junio en base a un temario que abarca desde solicitudes de informes básicos, pasando por interpelaciones hasta la moción de censura, que es el mecanismo previsto por la Constitución para destituir al jefe de Gabinete.
También en el Senado, donde no satisfizo ni un poco el anuncio de que Adorni concurríría en julio para presentar un informe de gestión, el interbloque Popular presentó un proyecto de resolución que le daba un plazo de siete días a Adorni para dar explicaciones por su masivo salto patrimonial, y caso contrario la cámara quedaría habilitada para tratar la moción de censura.
Además del jefe de Gabinete, también se acogieron al beneficio del régimen simplificado de Ganancias otras figuras clave del ecosistema oficialista como el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger; el ex diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, el cineasta libertario Santiago Oría, y el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez.
El caso de este último funcionario resulta el más paradójico, ya que preside el mismísimo organismo que debe regular y fiscalizar la aplicación de este régimen.
AgenciaNA