El secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti, defendió hoy el proyecto que declara la «emergencia tarifaria» en el distrito, impulsado por la intendenta Verónica Magario, y consideró que «se está vulnerando el principio constitucional de razonabilidad», a partir del aumento de tarifas dispuesto por las empresas prestadoras de servicios.
«Hay una enorme preocupación», enfatizó Feletti, y advirtió que no hay una «explicación clara de la estructura de costos de las empresas que justificaran estos aumentos».
El ex diputado nacional juzgó que «es necesaria una intervención política porque se está vulnerando el principio constitucional de razonabilidad», en alusión a las regulaciones que pueden ser consideradas irrazonables o inconstitucionales porque vulneran derechos humanos.
«Se trata de servicios esenciales», remarcó el funcionario y aclaró que desde el Ejecutivo municipal se busca «impedir el conflicto que supone que los usuarios dejen de pagar las tarifas y las empresas avancen en la interrupción del servicio».
El viernes último, al inaugurar el período de sesiones del Concejo Deliberante de La Matanza, Magario pidió que fuera declarada la «emergencia tarifaria» en el distrito para «proteger a los comercios, a los clubes y a todos los vecinos» y adelantó que girará un proyecto en ese sentido para que sea debatido por el cuerpo.
Además, cuestionó al gobierno nacional y provincial y centró su discurso en los incrementos implementados por las empresas prestadoras de servicios públicos.
La intendenta dijo contar con «el presupuesto de una biblioteca», pese a que «La Matanza es una provincia», y demandó que «el 20 por ciento del Fondo del Conurbano» sea girado al distrito, respetando la proporcionalidad de la población matancera.
Con la misma mirada, Feletti evaluó que debió haberse «planteado un incremento tarifario sobre la base de estructuras de costos y sobre la base de programas de inversión».
«La gente está recibiendo facturas que van de 2.000 hasta 8.000 pesos en hogares donde el ingreso mensual ronda los 25.000 pesos», graficó y pidió el apoyo de las fuerzas políticas del partido para impedir «situaciones de conflicto extremo» y favorecer la conformación de «mesas de diálogo».
«Lo que nos queda es pensar que el aumento tiene que ver con una necesidad de equilibrio fiscal y una mejora de la rentabilidad de las empresas», insistió.
Por su parte, el vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza, Miguel Saredi, reconoció hoy que existe una situación «difícil» por la subas de tarifas y aseguró que el cuerpo analizará el pedido formulado por Magario.
«Soy de Cambiemos, pero tengo múltiples reclamos de los vecinos, incluso votantes propios, sobre la forma en la que se están tomando los medidores y servicios en cada una de las casas», expresó Saredi.
Por otra parte, el concejal manifestó su «preocupación» por la disponibilidad de mecanismos para que los vecinos se defiendan.
«Hace semanas estamos asesorando a la gente con respecto a cómo hacer los reclamos, cómo seguirlos ante el ENRE-Ente Nacional Regulador de la Electricidad- y cómo hacer presentaciones en las defensorías del pueblo», detalló.
Desde el 2016 los aumentos de las tarifas estuvieron frenados en La Matanza por una serie de amparos judiciales, que perdieron vigencia este año.
Saredi opinó que «en Argentina se pagaba ridículamente los servicios, en forma muy baja», pero aceptó que resulta incomprensible que los aumentos sean «inequitativos y desproporcionales» y que «no estén los mecanismos para que los vecinos se defiendan».
El mes pasado Magario denunció que en los últimos dos años «se perdieron 40.000 puestos de trabajo» en el distrito y aseguró que industrias textiles y del calzado radicadas allí «atraviesan una situación crítica».