El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, recibió un pedido del Poder Judicial para que informe en los próximos cinco días si 68 guerrilleros que murieron antes del golpe de Estado de 1976 figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos en 2006.
La medida, dispuesta por el juez a cargo de la causa, Esteban Carlos Furnani, tiene como objetivo saber si sus herederos cobraron las indemnizaciones que prevén las leyes reparatorias para quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. El magistrado, además, quiere conocer los montos y las fechas de los pagos.
La orden judicial responde a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había reclamado en febrero pasado información a la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Eduardo Luis Duhalde, ante sospechas por falta de transparencia.
El listado de la Secretaría de Derechos Humanos presenta contradicciones con la nómina de desaparecidos de la Conadep, al incluirse al menos 16 personas como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria cuando, según documentación de la época, murieron por otras circunstancias.