El ministro de Seguridad y Justicia, Julio Alak, denunció hoy «un festival de medidas cautelares» y apuntó al Consejo de la Magistratura. «En un estado democrático hay que evitar que la representación de las corporaciones aumente», advirtió.
«Hoy asistimos a un festival de medidas cautelares, con jueces que han desnaturalizado su esencia, impidiendo la aplicación de normas dictadas por el Congreso, o de decretos dictado conforme a lo establecido en la Constitución Nacional», manifestó Alak en declaraciones radiales.
En ese sentido, aseguró que “ñas medidas cautelares son un remedio extrordinario y de aplicación restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta la presunción de legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo”.
«Este no es un pensamiento mío», sostuvo Alak, de acuerdo con quien «la Corte Suprema de Justicia ha sostenido permanentemente que las medidas cautelares no pueden frustrar el interés publico».
Apuntó que «la voluntad popular se expresa en el Congreso y en el Poder Ejecutivo». «Por lo tanto los jueces no son llamados a gobernar. Al utilizar en forma abusiva las medidas cautelares en contra de legitimas decisiones del gobierno se está contrariando la voluntad popular», agregó.
Respecto al Consejo de la Magistratura, dijo que «se está analizando la composición», y subrayó que «hay proyectos de reforma».
De todas maneras, pidió «evitar que las reformas que se quieren imponer aristocratizen el Poder Judicial”.
Según explicó, el Consejo de la Magistratura “tiene hoy una composición equilibrada entre los seis legisladores que representan a la voluntad popular y seis representantes de las corporaciones de jueces, abogados y académicos y sólo uno por el Poder Ejecutivo”.
“En un Estado democrático hay que evitar que la representación de las corporaciones aumente y tengan influencia dominante sobre la representación popular. Si esto sucediera, se estaría aristocratizando el Poder Judicial en desmedro de la representación popular”, aclaró.
Señaló que “si queremos democratizar aun más el Consejo de la Magistratura habría que analizar la legitimidad de origen de los miembros propuestos por las corporaciones, y evaluar que sean electos por el voto popular”.
“Y si queremos profundizar aun más la democratización del Poder Judicial, deberíamos analizar que el ingreso de funcionarios y empleados se haga únicamente por concurso público”, indicó.