Buenos Aires, 4 agosto (PV) – El director de la Policía Minera de Catamarca, Luciano Federico Morcos, continúa figurando como integrante de una consultora privada vinculada a la actividad y propiedad del hermano de la ministra que lo designó, una superposición que el gobierno de Raúl Jalil no explicó públicamente.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el perfil profesional de Morcos lo presenta con más de once años de actividad hasta la actualidad en R&R Mediciones, mientras el sitio oficial de la Provincia lo identifica como responsable de la oficina estatal que debe controlar la higiene, la seguridad y el cumplimiento normativo de los proyectos mineros.
La investigación publicada este 2 de agosto por Inforama señaló que la consultora pertenece al ingeniero Carlos Regalado, hermano de la ministra de Minería, Olga Teresita Regalado. La empresa se define públicamente como una firma catamarqueña dedicada a asistir compañías en seguridad, ambiente, calidad y otros estándares aplicables al sector.
Morcos fue designado por Regalado después de que la ministra asumiera en enero de 2026. Es licenciado en Higiene y Seguridad y antes se desempeñó como sumariante del Poder Judicial, pero no difundió antecedentes previos como fiscalizador minero estatal.
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Que una red profesional mantenga un empleo como “actual” no demuestra por sí solo que Morcos siga cobrando, prestando servicios o participando de decisiones de la consultora. El perfil puede estar desactualizado. Tampoco existe información pública que pruebe que R&R Mediciones haya sido beneficiada por una decisión del director.
La falta de prueba penal no elimina el conflicto institucional. El funcionario encabeza el área que inspecciona condiciones laborales y ambientales de empresas que podrían contratar servicios privados del mismo rubro en el que aparece su empleador histórico, cuyo propietario es familiar directo de su superior política.
El episodio adquiere gravedad por el desempeño reciente de la Policía Minera. En julio, catorce trabajadores quedaron atrapados durante un temporal de nieve y viento blanco en la Puna; cuatro sobrevivieron tres noches a temperaturas de hasta 15 grados bajo cero antes de ser rescatados.
Ese rescate ya fue informado por Noticias Argentinas. La novedad aquí no es volver a narrar la emergencia, sino la relación laboral declarada por el funcionario encargado de fiscalizar y el modo en que la gestión minera de Jalil seleccionó a la máxima autoridad de control.
Desde el 27 de enero rige la Resolución 16/2026, que actualizó el Protocolo de Comunicación y Prevención en Proyectos Mineros. La norma exige gerenciamiento de viajes, monitoreo meteorológico, equipos para frío, provisiones ante aislamiento, procedimientos de evacuación y restricción del tránsito nocturno entre mayo y septiembre.
La Policía Minera es autoridad de aplicación, control y sanción de ese protocolo. El temporal estaba pronosticado y, pese a la normativa, los trabajadores salieron, quedaron aislados y el rescate inicial sumó a otras personas a la emergencia. La Provincia anunció una investigación, pero todavía no difundió sanciones ni un informe de cumplimiento.
El Código de Procedimientos Mineros, Ley 5.682, incluye a la Policía Minera entre las funciones básicas de la autoridad de aplicación y asigna al área ambiental la supervisión de los proyectos. No se trata de un cargo ceremonial, sino del organismo que debe separar el interés público de los intereses de las operadoras y sus proveedores.
La administración de Jalil debe aclarar si Morcos se desvinculó de R&R Mediciones antes de asumir, en qué fecha lo hizo, si presentó declaración jurada de intereses y bajo qué mecanismo se excusa cuando una inspección alcanza a clientes actuales o anteriores de la consultora.
También corresponde que la ministra Regalado informe si su hermano o la firma tuvieron contratos con empresas sometidas al control de la dirección, sin que esa pregunta implique afirmar que existieron beneficios indebidos.
La definición ya no depende de un currículum en línea. El Ejecutivo puede disipar o confirmar la incompatibilidad con documentación laboral, declaraciones juradas y el registro de inspecciones. Mientras no lo haga, el organismo que debe controlar a la minería seguirá conducido por un funcionario que públicamente aparece ligado a la consultora del hermano de la ministra que lo nombró.
Agencia NA