El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que respaldará una comisión en el Congreso para investigar el intento de golpe de Estado del 8 de enero, tras la renuncia en la víspera del ministro responsable por la seguridad institucional, mientras que el Supremo Tribunal Federal formó mayoría para procesar e iniciar el juicio formal a los primeros 100 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que participaron del ataque a los tres poderes en Brasilia.
Además, se puso fecha para que justamente Bolsonaro declare ante la Policía sobre sus supuestos vínculos con los grupos atacantes: será el miércoles de la próxima semana.
El golpe del 8 de enero volvió al debate nacional tras la primera renuncia en el equipo de Lula el miércoles, la del general retirado Marco Gonçalves Dias, filmado ese día dentro del Palacio del Planalto sin reprimir a los manifestantes, pese a ser la cabeza de la seguridad presidencial, mientras que otros militares, que venían de la gestión Bolsonaro, fueron grabados ayudando a los atacantes, abriéndoles puertas y dándoles agua, en imágenes editadas divulgadas por CNN Brasil.
«El general fue quien pidió la renuncia», dijo Lula brevemente a dos periodistas en la casa de Gobierno. El general retirado negó haber ocultado información a Lula y dijo que actuó correctamente.
El caso provocó un cambio de rumbo en el Gobierno: el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, llamó a conferencia para anunciar que el miércoles próximo el oficialismo apoyará la propuesta bolsonarista de abrir una comisión parlamentaria para investigar el 8 de enero.
«Esto generó una nueva situación. El bolsonarismo intenta crear una teoría absurda de conspiración y terraplanismo de que las víctimas de los actos terroristas son los responsables por la actuación de los terroristas. La filtración de las imágenes nos lleva a una nueva situación y queremos participar de la comisión del golpe de Estado», aseguró el ministro de Relaciones Institucionales.
Padilha aseguró que todos los militares del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) deberán ser investigados por el rol que cumplieron. Hizo referencia a los bolsonaristas que aún estaban en sus cargos y que tras el 8 de enero fueron expulsados, sobre todo por no haber reprimido a los invasores del Palacio del Planalto.
«El objetivo es enterrar estas teorías de la conspiración. Las instituciones están funcionando y hemos logrado estancar el golpe de Estado que impulsaban seguidores del expresidente», aseguró Padilha.
El video divulgado por CNN Brasil que causó la caída del ministro de Lula -el primero en 109 días de gestión- permitió al bolsonarismo abonar la teoría de que el lulismo infiltró manifestantes para victimizarse.
Ninguno de los detenidos confirmó esa versión.
Por otra parte, las investigaciones tuvieron este jueves un fuerte impulso, ya que el Supremo Tribunal Federal formó mayoría para procesar e iniciar juicio formal contra los primeros 100 de los 1.390 denunciados por la fiscalía general por participar del asalto y destrucción del Palacio del Planalto, la sede del Gobierno, el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal a una semana de la asunción de Lula para pedir al Ejército dar un golpe y desconocer la elección de octubre.
La corte suprema de Brasil tiene once miembros, pero la semana pasada se jubiló Ricardo Lewandowski. Hasta el momento, los que votaron a favor del procesamiento de los ultraderechistas son el relator del caso, Aexandre de Moraes, y los jueces supremos Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin y Cármen Lúcia.
Todavía faltan que presenten sus votos -tienen hasta el lunes- los jueces André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber y Luiz Fux.
Mendonça y Nunes Marques son bolsonaristas que fueron designados por el expresidente, quien está incluido en la investigación, aunque no está denunciado ni imputado.
Pero Bolsonaro tendrá que presentarse el miércoles próximo a dar su versión ante la Policía por estos hechos, en la que será su segunda declaración en abril, luego de haberlo hecho por el escándalo del contrabando de joyas regaladas por el gobierno saudita a la presidencia de Brasil que el exmandatario había tomado como si fueran sus pertenencias.
Por los ataques del 8 de enero está preso el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torrres, quien en el momento de la intentona era el secretario de Seguridad de Brasilia: se lo acusa de ordenar a la policía permitir el avance de los golpistas.
El día del ataque -un hecho inédito en Brasil desde el fin de la dictadura militar en 1985- Torres había dejado la capital para ir a Orlando, Estados Unidos, a reunirse con Bolsonaro.
Los primeros 100 procesados por el Supremo Tribunal Federal están acusados de una serie de delitos contra el estado de Derecho, entre ellos asociación ilícita armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, y daños al patrimonio del Gobierno federal.
La fiscalía denunció a 1.390 personas por los actos antidemocráticos, 239 en el núcleo de ejecutores, 1.150 en el núcleo de incitadores y una persona en el núcleo que investiga supuesta omisión de agentes públicos.
La Policía Federal continúa realizando allanamientos y detenciones en la operación «Lesa Patria» para saber quiénes financiaron a los miles de bolsonaristas que acamparon de octubre a enero frente a las sedes del Ejército en todo el país para desconocer la victoria de Lula en las elecciones de octubre de 2022 en las que se impuso a Bolsonaro e impidió su reelección.
Las pérdidas materiales fueron presupuestadas en 5 millones de dólares.
El juez Moraes defendió la competencia de la corte para juzgar el ataque por estar vinculadas a otras causas en las cuales están siendo imputados legisladores bolsonaristas, con fueros, cuyos casos no pueden ser tomados por la Justicia de primera instancia.
El intento del golpe de Estado de enero llevó a Lula a descabezar a la cúpula del Ejército, que había sido nombrada una semana antes, por negarse a reprimir a los ultraderechistas que acampaban en sus instalaciones.
El caso también abrió la puerta para desmilitarizar la GSI, encargada de la seguridad presidencial y un poder que tenía el Ejército en el ámbito del Palacio del Planalto, como reclaman varios dirigentes.
La revelación de las imágenes ocurrió el Día del Ejército, cuando Lula estaba en un acto conmemorativo con las Fuerzas Armadas.
Allí, el jefe del Ejército, general Tomás Paiva, condenó la «politización de las Fuerzas Armadas» y defendió la legalidad y el apego a la Constitución.