El Gobierno apeló el fallo que frenó el uso de las reservas

El Gobierno Nacional apeló este viernes a la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que frenó el decreto que creó el Fondo del Bicentenario para utilizar 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública.

En la apelación, el Poder Ejecutivo le pidió a la Cámara que envíe el fallo, que tomó durante la feria judicial de enero, al máximo tribunal con “efecto suspensivo” sobre el freno de los fondos federales.

La Procuración del Tesoro de la Nación, donde recientemente asumió como titular Joaquín Da Rocha, presentó un recurso extraordinario ante la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, integrada por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez.

Ese tribunal recibió las apelaciones a la medida cautelar que en enero emitieron las camaristas de feria Marta Herrera y Clara Do Pico, quienes confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia María José Sarmiento que frenó la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/09 del Fondo del Bicentenario hasta tanto el Congreso se pronuncie sobre la validez del DNU.

Se trata de dos causas que iniciaron el diputado nacional del PRO Federico Pinedo y el senador de la UCR Gerardo Morales y que durante la feria fueron analizadas en conjunto. Las apelaciones iban a ser tratadas en dos causas distintas por dos salas del tribunal, pero por “conexidad” la Cámara resolvió que ambas queden radicadas en la Sala IV.

Altas fuentes del máximo tribunal confirmaron a DYN que son pocas las posibilidades de que la apelación del Gobierno prospere. Esto es porque el fallo de la Cámara Contencioso que frenó la aplicación del DNU es una medida cautelar y la Corte Suprema solo revisa sentencias definitivas, lo que no es equiparable a una cautelar.

En la Corte se apuesta a que haya una resolución en el Congreso Nacional que debe tratar si acepta o rechaza el DNU. Para que la causa llegue a la Corte Suprema primero los jueces deberán darle traslado de la apelación al PRO y la UCR para que opinen sobre la presentación, para lo que tendrán 10 días.

Luego la Cámara Contencioso estará en condiciones de resolver si acepta o rechaza la apelación. En el segundo caso, el Gobierno podrá recurrir directamente a la Corte a través de un recurso de queja.

El Gobierno de Cristina Fernández pidió que la apelación sea concedida con “efecto suspensivo”, esto es que deje sin efecto la decisión de la Cámara de no poder utilizar las reservas hasta tanto resuelva la Corte Suprema.

La Corte rechazó el martes pasado un amparo que presentó San Luis para frenar el decreto, al considerar que la provincia no tenía legitimidad para actuar en la causa en representación de sus ciudadanos o para defender el valor de la moneda, como el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá había alegado.