El ministro de Salud, Jorge Lemus, y su par de Hacienda, Héctor Grindetti, deberán informarle hoy a la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori si ya dieron cumplimiento a la medida cautelar por la cual ordenó el “inmediato restablecimiento” de las llamadas a teléfonos celulares desde escuelas y hospitales.
En una resolución de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, la magistrada ordenó que los funcionarios de la administración macrista «informen (el 26 de noviembre de 2010) al tribunal acerca del cumplimiento de esta medida cautelar bajo apercibimiento de imponer respectivamente una multa de hasta el treinta por ciento del sueldo mensual bruto, en caso de incumplimiento o de informe parcial».
En su fallo Liberatori «ordeno el inmediato reestablecimiento de la disponibilidad del servicio de telefonía celular en el ámbito de escuelas y hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» al hacer lugar a una acción de amparo presentada por el abogado Dante Amoroso Vallarino para que se reestablezca esa forma de comunicación que había sido suspendida por las autoridades del gobierno porteño.
El letrado sostuvo haber tomado conocimiento «que el GCBA ha bloqueado las comunicaciones a través de teléfonos celulares en hospitales, colegios y escuelas de esta Ciudad de Buenos Aires, violando el derecho a comunicarse libremente a los sectores de la sociedad que utilizan dichos servicios públicos, y afectando también la posibilidad de comunicación por dicho medio, a los padres o familiares de los niños que concurren a las escuelas así como también de quienes necesitan acudir a un hospital».