Dos funcionarios de Zdero conducen el concurso de fiscales que sigue judicializado

Dos funcionarios de Zdero conducen el concurso de fiscales que sigue judicializado

Dos funcionarios de Zdero conducen el concurso de fiscales que sigue judicializado

Buenos Aires, 19 agosto (PV) – El Consejo de la Magistratura del Chaco cerró este martes la inscripción del nuevo concurso para cubrir las Fiscalías Penales N° 1 y N° 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña, mientras continúa pendiente una disputa judicial iniciada por tres postulantes que habían alcanzado la calificación de Excelente en el proceso anterior.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Superior Tribunal de Justicia rechazó mediante la sentencia 317 un pedido de salto de instancia y una cautelar destinada a frenar la nueva convocatoria. El fallo no resolvió la validez de la decisión que dejó desiertos los concursos originales: consideró que el planteo debe continuar por la vía ordinaria ya iniciada.

El organismo que selecciona jueces y fiscales está presidido por Ricardo Urturi, representante de los abogados de Resistencia y, al mismo tiempo, director del Órgano de Control Institucional de la Policía provincial. La vicepresidenta es Carolina Meiriño, representante del Poder Ejecutivo y secretaria de Coordinación de Gabinete del gobernador Leandro Zdero.

Esa doble pertenencia convirtió la selección en un conflicto político además de jurídico. Los demandantes y dirigentes opositores sostienen que la conducción pretende favorecer postulantes vinculados al oficialismo de Sáenz Peña. La acusación no fue probada por una sentencia y debe mantenerse atribuida a quienes la formularon. El Consejo, por su parte, invocó la necesidad de cubrir las vacantes y la facultad de abrir una nueva convocatoria.

El conflicto comenzó el 10 de febrero, cuando el cuerpo declaró desiertos los procesos pese a que Cristian Arana, Geraldine Dilchoff Kesque y Tatiana Mañak habían superado las evaluaciones y recibido propuestas en rondas anteriores. Ninguno obtuvo finalmente los votos necesarios para ser seleccionado y el Consejo decidió realizar otro llamado.

Los tres aspirantes presentaron una acción de amparo. En primera instancia consiguieron una medida de no innovar y una sentencia que anuló el acta cuestionada. El 6 de julio, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Sáenz Peña revocó ese pronunciamiento por mayoría y rechazó el amparo.

Un día después, el Consejo dictó el Acta 1327 y reabrió los concursos, con inscripción desde el 17 de julio hasta este martes a las 12. La decisión fue mayoritaria. El consejero Rubén Guillón votó en contra porque entendió que no correspondía avanzar mientras todavía estaba disponible la vía extraordinaria contra la sentencia de Cámara.

Arana, Dilchoff Kesque y Mañak pidieron entonces que el Superior Tribunal se avocara directamente al expediente. Alegaron que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra el fallo de Cámara tenía efecto suspensivo y solicitaron una prohibición de innovar para detener la reapertura. El máximo tribunal desestimó ambas pretensiones.

La sentencia, fechada el 14 de agosto y conocida el lunes 17, señaló que el per saltum no está previsto como regla en el código procesal chaqueño y solamente puede admitirse ante una gravedad institucional excepcional y cuando no exista otra vía eficaz. Los jueces concluyeron que el recurso extraordinario ya presentado constituye precisamente un canal pendiente y que desplazar a los magistrados que intervienen afectaría la garantía del juez natural.

El rechazo deja al nuevo concurso en marcha, pero no convierte en definitiva la discusión. El recurso extraordinario contra el fallo de Cámara todavía debe ser tramitado, y la validez de la decisión de declarar desiertos los procesos anteriores puede volver al Superior Tribunal por el procedimiento correspondiente. Tampoco se informó aún la nómina definitiva de inscriptos en la nueva convocatoria.

La administración de Zdero queda involucrada por la presencia de Meiriño como representante directa del Ejecutivo y por el cargo policial de Urturi, aunque el Consejo es un órgano constitucional con integración de distintos sectores. Al cierre de esta nota, las inscripciones habían terminado, no existía una cautelar vigente que frenara el cronograma y ninguna persona había sido designada para las dos fiscalías.

Agencia NA