Buenos Aires, 9 septiembre (PV) – Trabajadores de cooperativas se manifestaron el 8 de septiembre frente a la Municipalidad de La Banda para reclamar pagos y contratos de servicio para quienes acreditan antigüedad.
La protesta golpeó al intendente Roger Nediani en el tramo final de su administración, días después de que formalizara el pase a planta permanente de 214 agentes municipales.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los manifestantes se concentraron con carteles y bombos frente al edificio comunal, sin cortar el tránsito. El reclamo tuvo dos ejes: obtener los pagos reclamados y acceder a contratos de locación de servicios en los casos con mayor antigüedad.
La cantidad de personas alcanzadas, el concepto preciso de cada pago y los montos señalados no fueron informados públicamente, por lo que no corresponde estimarlos.
El conflicto adquirió mayor peso político por el momento en que ocurrió. Nediani dejará el cargo el 31 de octubre y el municipio atraviesa una transición hacia la administración de Llamil Abdala. En agosto, el Ejecutivo formalizó por decreto la incorporación a planta de 214 empleados que cumplían más de cinco años de antigüedad al 30 de junio de 2026.
Ese pase había sido anunciado antes de las elecciones municipales y completó su recorrido administrativo después de los comicios. No existe evidencia de que los cooperativistas reunidos el 8 de septiembre cumplieran los mismos requisitos ni de que hubieran sido excluidos ilegalmente de aquella nómina.
El contraste es laboral y político: un grupo obtuvo estabilidad permanente mientras otro llegó a la puerta del Municipio para cobrar y solicitar una relación contractual directa.
La protesta también se produjo bajo un presupuesto municipal de $64.278.964.869,44 para 2026. El cálculo de recursos y gastos fue aprobado en enero por ocho votos contra cuatro. La cifra no demuestra por sí sola que existieran partidas disponibles para satisfacer el reclamo, pero impide presentar a La Banda como una administración sin escala financiera o sin capacidad de ordenar prioridades de personal y servicios.
El tratamiento de ese presupuesto había generado cuestionamientos opositores por su velocidad. El proyecto ingresó al Concejo el 9 de enero, comenzó a tratarse el 12 y el despacho se encaminó en pocos días, mientras el secretario de Economía no participó de una de las reuniones por encontrarse de vacaciones. Esos antecedentes pertenecen al debate político del expediente y no prueban una irregularidad contable.
La gestión municipal había difundido durante el año incrementos salariales para empleados de planta y acuerdos con gremios. Los trabajadores cooperativizados, sin embargo, expusieron una relación diferente: prestación de tareas sin la estabilidad ni el encuadre reclamado y, según manifestaron, pagos que motivaron la movilización.
No hay resolución judicial que reconozca una deuda individual, de modo que el incumplimiento debe permanecer atribuido a quienes protestaron.
El episodio tuvo un efecto concreto sobre la imagen del gobierno saliente. La administración que presentó el pase de 214 agentes como reconocimiento a la antigüedad quedó confrontada, dos semanas después, con otro grupo que invocó el mismo factor para reclamar contratos.
La protesta fue pacífica, pero trasladó el conflicto laboral al acceso principal del Palacio Municipal.
Agencia NA