Buenos Aires, 8 octubre (PV) — El caso por la muerte de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció en el río Paraná en octubre de 2014, sumó un nuevo capítulo judicial, luego de que tres policías santafesinos, presuntamente involucrados en la causa, denunciaron ante la Procuración General de la Nación al fiscal federal Fernando Arrigo y a su par Marcelo De Giovani por supuesto mal desempeño de sus funciones.
Las presentaciones fueron realizadas en forma individual por Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero, con el patrocinio de los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Fernando Mazzuchini.
No es la primera vez que la actuación de Arrigo llega a ese organismo. En diciembre del año pasado, el comisario Diego Álvarez ya lo había denunciado ante la Procuración por los mismos cuestionamientos, en una presentación que sigue su curso. Con las nuevas denuncias, son ya cuatro los efectivos que reclaman que se investigue la conducta del fiscal en el expediente.
Las presentaciones apuntan contra el desempeño del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción, el juicio oral y la posterior revisión de la causa ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los policías sostienen que los fiscales incumplieron los principios de objetividad y lealtad procesal, al omitir elementos probatorios que favorecían a los acusados y sostener una hipótesis que, según las defensas, fue contradicha por distintas pruebas incorporadas al expediente.
El antecedente central del conflicto es la sentencia del 18 de julio de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario absolvió por mayoría a los 19 policías y al civil que habían llegado a juicio por la desaparición y muerte de Casco.
El fallo llegó tras más de un año y medio de debate oral, y permitió que diez de los imputados recuperaran la libertad después de haber pasado casi seis años detenidos.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2024 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones a partir de los recursos presentados por la Fiscalía y las querellas.
Según los denunciantes, esa resolución no está firme porque fue recurrida, entre otras vías, mediante un Recurso Extraordinario Federal.
Los policías santafesinos consideran que el fallo de Casación estuvo influido por una exposición parcial de las pruebas realizada por Arrigo.
Uno de los señalamientos más graves se refiere al presunto ocultamiento de videos que mostrarían a Franco Casco caminando por Rosario después de haber recuperado su libertad.
De acuerdo con la denuncia, el 28 de diciembre de 2021 el Tribunal Oral Federal número 2 dio a conocer cuatro filmaciones con registro de fecha y hora que hasta entonces no habían sido puestas a disposición de las defensas.
Los denunciantes afirman que esas imágenes respaldan su versión de los hechos: Casco habría sido detenido el 7 de octubre de 2014 cerca de las 13 y liberado alrededor de las 22:00 del mismo día, tras la intervención de la Fiscalía provincial de Flagrancia.
Sostienen además que más de siete pericias identificaron al joven en las grabaciones y que los registros de comunicaciones, los posicionamientos de los móviles policiales y la documentación oficial resultaron favorables a la hipótesis defensiva.
Una de las denuncias que fue presentada y recibida en Procuración
Las presentaciones también denuncian irregularidades en la conservación y entrega de evidencia. Mencionan un informe de mejoramiento de imágenes enviado desde Córdoba en febrero de 2015, que las defensas reclamaron en más de nueve oportunidades sin que fuera localizado.
A eso suman el tratamiento de fotografías recuperadas de un teléfono celular que, según aseguran, permanecieron durante años fuera del alcance de los abogados.
Otro punto es una pericia odontológica elaborada por especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y recibida por la Fiscalía en julio de 2017.
Según los policías, ese informe contradecía elementos médicos utilizados para sostener la acusación y no fue incorporado a tiempo al expediente principal. Su existencia, afirman, se conoció a partir de una publicación del diario La Capital, y recién después la defensa pudo acceder al material.
En cuanto a las autopsias, los denunciantes sostienen que los estudios no determinaron lesiones traumáticas que permitieran atribuir la muerte a golpes o torturas, y citan a profesionales que participaron de los exámenes forenses y señalaron indicadores compatibles con una asfixia por sumersión.
También cuestionan el rol de la médica Virginia Creimer, perito vinculada a la acusación, cuyas conclusiones -aseguran- fueron utilizadas de manera selectiva por la Fiscalía.
Se trata, en todo caso, de una controversia pericial: la ausencia de determinadas lesiones no descarta por sí sola la intervención de terceros.
Otro capítulo central gira en torno a los testimonios de personas que estaban detenidas en la Comisaría Séptima de Rosario.
Los policías afirman que la Fiscalía priorizó las declaraciones incriminantes y dejó de lado a los testigos que negaron haber visto o escuchado los hechos.
En particular, objetan la valoración del relato del detenido Pablo Argüello, cuya credibilidad y ubicación dentro de la dependencia fueron discutidas durante el debate.
En esa línea, los denunciantes señalan contradicciones entre los testimonios, los libros de guardia y las características edilicias de la comisaría, y recuerdan una denuncia por presunto falso testimonio agravado presentada en 2019.
Uno de los planteos más sensibles se refiere a supuestos beneficios otorgados a testigos, una afirmación que requerirá una investigación específica para determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.
Las denuncias también cuestionan lo ocurrido durante la revisión de la sentencia absolutoria.
Según los policías, Arrigo habría modificado ante Casación la reconstrucción de la presunta detención de Casco, en particular el día, el horario y el lugar en que habría ocurrido.
Para los denunciantes, esos cambios afectaron el derecho de defensa y vulneraron el principio de congruencia, que exige correspondencia entre los hechos imputados y aquellos sobre los que se desarrolla el proceso.
Con estos argumentos, Benítez, Gysel y Guerrero piden a la Procuración que examine la actuación de los fiscales y determine si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.
Reclaman además que se evalúe el apartamiento de los funcionarios y que, ante la eventual existencia de delitos, se dé intervención a la Justicia.
Las presentaciones invocan la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal Federal y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en especial las obligaciones de objetividad, responsabilidad y lealtad procesal.
Así, el Caso Casco abre una nueva controversia institucional sobre el manejo de la prueba en una de las investigaciones de mayor repercusión judicial y pública de los últimos años.
Mientras sigue abierta la discusión sobre las absoluciones anuladas por Casación, ya son cuatro los policías -con Álvarez a la cabeza- que llevaron a la Procuración la conducta del fiscal Arrigo.
Agencia NA