Campo de Mayo: escenario del horror en la dictadura y en medio de un debate sobre su rol como reserva natural

Con poco más de un siglo de historia, Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país, fue escenario de conspiraciones que derivaron en golpes de Estado, centro clandestino de detención durante la última dictadura y en los últimos años eje de una polémica sobre su destino como reserva ambiental.

Inspirado en el Camp de Châlons -un predio de 15 mil hectáreas creado por Napoleón III en Francia para el entrenamiento de las tropas-, el coronel Pablo Richeri planteó en 1897 la idea de avanzar con la creación de un espacio similar: en ese momento ocupaba la Dirección General de Arsenales de Guerra. Los altos costos de la iniciativa hicieron que no prosperara. Sin embargo, en 1900, mientras ocupaba el Ministerio de Guerra en la Presidencia de Julio Argentino Roca, el ya general fue comprando los terrenos en el noroeste del Conurbano bonaerense y un año después, mediante un proyecto del diputado Manuel Quintana, se creó la unidad militar en esa zona.

Rápidamente se iniciaron las obras para las nuevas instalaciones militares, ya que se trataba de un espacio típico de la llanura bonaerense y contaba con algunas edificaciones menores: en 1904 se estableció allí la Escuela de Aplicación de Clases, actualmente Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.

En las décadas siguientes, el predio sumó distintas unidades del Ejército Argentino y fue escenario de ejercicios militares a lo largo de sus más de 5 mil hectáreas, así como también fue el lugar donde se idearon algunos de los golpes de Estado que sufrió la Argentina en el Siglo XX.

Su época más oscura obviamente fue cuando se lo utilizó como centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura militar: por Campo de Mayo pasaron alrededor de 5 mil detenidos e incluso se montó una maternidad clandestina.

El predio alojó detenidos-desaparecidos en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados. 

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la mayor guarnición militar del país son juzgados por el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín en el marco de la Megacausa Campo de Mayo: en el expediente se investigaron delitos de torturas, secuestros, homicidios, desapariciones y apropiación de niños cometidos entre 1976 y 1978. El juicio es una acumulación de múltiples causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción.

Tras el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, Campo de Mayo también fue escenario del levantamiento carapintada, durante la Semana Santa de 1987.

Hace casi cuatro años, en 2018, el entonces presidente Mauricio Macri había anunciado su intención de avanzar con la reconversión de una parte del predio militar para transformarlo en un parque nacional. “Quiero contarles que hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un parque nacional: Será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo”, había manifestado el líder del PRO en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en aquel año.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó: al instante, los organismos de derechos humanos rechazaron la idea y recordaron que durante la última dictadura militar funcionó allí “uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la Argentina”, por lo que se trata de “un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir”. “Cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente”, advirtieron.

Ocho meses después, Macri firmó el Decreto 1056/2018 para establecer en el predio “un régimen especial de manejo y conservación del ambiente denominado `Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo´”. En el texto publicado en el Boletín Oficial, el entonces jefe de Estado había aclarado: “La afectación del inmueble a un régimen especial de protección no afectará en modo alguno el deber de garantizar la preservación de todos los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado impuesto por la Ley N° 26.691, ni la marcha de las investigaciones judiciales, ni la preservación de la memoria de lo allí acontecido durante el Terrorismo de Estado”.

El mes pasado, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario número 38 de la recuperación de la democracia, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto que había firmado su antecesor y rubricó uno nuevo por medio del cual estableció que el predio, además de su uso militar, será una “Reserva Urbana de la Defensa” y cedió dos parcelas a la Secretaría de Derechos Humanos para la creación de un Espacio para la Memoria.

Allí también serán trasladados los aviones utilizados en los “vuelos de la muerte”, una vez finalizadas las medidas cautelares dispuestas por la Justicia.