Se trata de una iniciativa que fue elaborada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se encuentra lista para que el Poder Ejecutivo la envíe al Congreso Nacional.
En su versión original, la propuesta oficial extiende el alcance del Impuesto a las Ganancias a la venta de acciones de sociedades que no cotizan en el mercado de valores por parte de personas físicas residentes en el país, una medida que apunta centralmente a gravar la compra y venta de empresas. Las transacciones de acciones y bonos que sí cotizan en Bolsa también serían gravadas, pero sólo para el caso de las operaciones que involucran a extranjeros, no así para los residentes. En cuanto a los paraísos fiscales, se introduce una serie de medidas tendientes a darle mayor rigor a la fiscalización de las transacciones externas con el fin de evitar maniobras de evasión. Así, se establece que ya no serán deducibles de Ganancias los pagos a terceros (personas físicas o entes) radicados en países de ¨nula o baja tributación¨, reteniendo la autoridad tributaria el 35% con carácter de pago único y definitivo.
La viabilidad del proyecto ya ha generado numerosas discusiones. No sólo la mayoría de la oposición y el lobby del sector financiero privado se oponen a la iniciativa, algo esperable si se tiene en cuenta que el proyecto tiene como objetivo incrementar la recaudación proveniente de ese segmento de negocio, sino que además algunas voces oficialistas se han manifestado en contra. Si bien la idea de gravar la renta financiera forma parte de la base de sustentación política del Gobierno, algunos piensan que la medida podría ir en detrimento de un mercado de capitales que ya de por sí es pequeño e incapaz de actuar como canalizador de inversiones hacia el sector productivo.