Quince estados, ONG, académicos y políticos respaldaron a los fondos demandantes para evitar sentar un precedente; el Gobierno minimizó los planteos y tiene tiempo hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta.
El juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF sumó un factor de presión política e institucional en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En los últimos días, un grupo de quince estados norteamericanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos y figuras políticas se presentó formalmente para respaldar a los fondos litigantes y pedirle al máximo tribunal que revise el fallo que eximió al país de pagar el reclamo de US$16.100 millones.
Las maniobras, encuadradas en la figura legal de amicus curiae (amigos del tribunal, en latín), pretenden darle peso al pedido de apelación que el fondo Burford Capital ?en representación de los derechos de Petersen Inversora, Petersen Energía y Eton Park? había realizado a fines de septiembre.