El oficialismo aceptó un conjunto amplio de modificaciones impulsadas por el misionero Herrera Ahuad y bloques dialoguistas; un sector del PJ se aprestaba a acompañar el proyecto
La Cámara de Diputados se apresaba a aprobar al cierre de esta edición el proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad, uno de los frentes políticos más complejos para el Gobierno. Luego de una serie de reuniones contra reloj y con negociaciones abiertas en plena sesión, el oficialismo aceptó modificaciones centrales en el articulado y confiaba en reunir los votos para aprobar la iniciativa, con el respaldo de sus aliados habituales, del bloque de Provincias Unidas y gran parte de Unión por la Patria.
Entre las modificaciones más resonantes incorporadas al proyecto, se buscó dejar establecidos por ley los requisitos ?que hoy son dispuestos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo? para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos y tampoco encontrarse percibiendo la asignación universal por hijo con discapacidad o la asignación familiar por hijo con discapacidad.
El texto también mantiene la vigencia de la ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, cuando la intención inicial del oficialismo era volver incompatible la pensión con el empleo formal.
Además, la iniciativa que aún era debatida anoche refuerza los fondos para el área de Discapacidad y establece que, en caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.