El ex director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño Ángel Rodríguez reconoció cuando estaba en funciones en 2009, que encontró más de 70.000 expedientes «tirados», de actuaciones de inspectores que proponían clausuras y sanciones para empresas y comercios de la ciudad de Buenos Aires, y nunca denunció estas irregularidades como es obligación de todo funcionario público.