«La obligación constitucional del Senado de ‘aconsejar y consentir’ cualquier nombramiento requiere del acceso pleno a la información de los candidatos antes de actuar», reivindica la nota firmada por 28 organizaciones, entre ellas Humans Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En los últimos días, muchas de estas organizaciones habían manifestado su oposición al nombramiento de Haspel por su presunto rol como directora de una prisión secreta en Tailandia, donde la agencia norteamericana aplicó la tortura durante los interrogatorios.
Según una investigación publicada en febrero de 2017 por el portal ProPublica, Haspel estaba al frente de este centro de detenciones en 2002, cuando los presuntos yihadistas de Al Qaeda Abu Zubaydah y Abd al Rahim al Nashiri fueron sometidos allí a distintas torturas, como la asfixia simulada.
Posteriormente, el portal se retractó y aseguró que el informe «fue un error particularmente desafortunado».
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