El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se refirió así al requerimiento de instrucción penal presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande, con el objetivo de motorizar la denuncia contra nueve empresas que había efectuado el canciller Timerman y el ministro Julio De Vido.