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El embarazo forzado de niñas menores de 15 años, que en 2018 registró 2.350 casos, «es la consecuencia de un abuso» sexual que suele construirse en el tiempo y perpetrado mayormente por familiares, advirtieron este viernes especialistas que participaron de un encuentro sobre la temática en Paraná y abogaron por «visibilizar» esa realidad que implica «un trabajo interinstitucional» para prevenirlos y abordar sus consecuencias.
Con paneles a cargo de especialistas y funcionarias, la ciudad de Paraná fue sede de la jornada «Prevenir y actuar frente a los abusos sexuales y el embarazo forzado en las niñez y la adolescencia».
La iniciativa fue del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en conjunto con la ONG Red por la Infancia, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y Unicef.
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