La iniciativa que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión también promueve el juicio político para jueces y fiscales. La iniciativa impulsada por el bloque justicialista obtuvo el respaldo en Comisión de los legisladores de todas las bancadas.
El expediente responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa. Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.
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