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Las medidas responden a la necesidad de incorporar “estándares internacionales de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, entre los que se destacan los receptados por la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de 2015”, señaló el decreto 1169, publicado en el Boletín Oficial.
La norma sostiene que “dada la significancia de los recursos públicos afectados, la gestión adecuada de la obra pública tiene el potencial de desempeñar un papel de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público y como elemento que inspira confianza en los ciudadanos”.
Según el decreto, las contrataciones y concesiones de obras públicas iniciadas antes del 29 de diciembre de 2016 tendrán plazo hasta el 1° de septiembre de 2019 para ser incorporadas al sistema de gestión electrónica gubernamental denominado Contrat.Ar, con excepción de aquellas que presenten un significativo grado de avance en su ejecución.
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