«Con su actual composición, el Consejo de la Magistratura, elevó 152 ternas», cifra que supera las 45 que habían sido elevadas en los últimos tres años de la anterior gestión del cuerpo», subrayó el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas a Télam.
Señaló que «sólo en el último plenario del 21 de diciembre, se elevaron por unanimidad nueve ternas», hecho que atribuyó a la «construcción de consensos» en el organismo encargado de controlar y enjuiciar a jueces, además de gestionar las designaciones.
Pero el abogado titular del Consejo es consciente del desafío que representan las «258 vacantes que aproximadamente existen actualmente en el Poder Judicial nacional y federal», de las cuales 189 están en trámite en ese cuerpo.
La idea, dijo, es «bajar el porcentaje al 9 por ciento de cargos vacantes, lo que obligaría a elevar 100 ternas durante el 2018».
De acuerdo con el mecanismo fijado por la Constitución Nacional en la reforma de 1994, el Consejo de la Magistratura es el encargado de realizar los concursos públicos para cubrir vacantes en la Justicia y, a la luz de sus resultados, debe elevar ternas de candidatos al Poder Ejecutivo que, a su vez, selecciona a uno de los ternados y pone su pliego a consideración del Senado.
Respecto de las auditorías, Piedecasas informó que la que releva las causas por narcotráfico tiene pendiente «una sola etapa» por cumplir, en tanto que la laboral «se encuentra en la primera etapa de relevamiento».
El Consejo de la Magistratura también es el cuerpo que recibe las denuncias contra los magistrados por mal desempeño de sus funciones, y en 2017 recibió 230.
Pero, dado que las denuncias tienen un plazo de tramitación de tres años, corresponde evaluar ese período para determinar cuántas terminaron en juicio político, explicó.
«En los últimos tres años se tramitaron cinco juicios políticos, de los cuales tres culminaron con renuncias (Raúl Reynoso; José Charlin; Néstor Montenzanti), una en absolución (Axel Lopéz) y una en destitución (el caso del ahora ex camarista Eduardo Freiler)», enumeró.
Otro punto destacado por Piedecasas fue la resolución 521/2017 que le puso límite a la actividad de los magistrados al fijar la edad jubilatoria en 75 años, con lo que se implementa la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el fallo «Schiffrin».
Acerca de la «justicia digital», el presidente del Consejo de la Magistratura expresó la intención de que «para mayo de 2018 esté digitalizado, al menos, lo que respecta a las ejecuciones fiscales»
La idea es lograr «un servicio de justicia que pueda estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año», ya que «en el ámbito digital y electrónico el tiempo de disponibilidad del servicio es total y permanente».
Este año el Consejo de la Magistratura también elaboró un proyecto de ley de reforma del propio cuerpo, que ya fue enviado al Congreso, para comenzar a ser tratado cuando el Poder Legislativo retome su actividad, luego de la feria judicial de enero.
Piedecasas destacó como un punto relevante de este proyecto el otorgar «mayor representación a los estamentos jurídicos, abogados; jueces y académicos» dentro del cuerpo, para garantizar «el equilibrio que la Constitución ha pretendido para el órgano».
El Consejo de la Magistratura está hoy compuesto por trece miembros, que pertenecen a los estamentos de jueces (4), abogados (2), académicos (1), legisladores de ambas cámaras (5) y Poder Ejecutivo (1).
El proyecto también busca elevar la cantidad de miembros a 16 y darle mayor presencia a los estamentos no políticos, como los abogados, aunque su debate, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración, quedó desacelerado.
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