Funcionarios, legisladores, juristas y familiares de las víctimas salieron al cruce de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre el atentado contra la embajada de Israel, ocurrido en 1992, y remarcaron que «la causa está abierta», algo que incluso fue reconocido por el máximo tribunal a través de un comunicado en su sitio web oficial.