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«Le di autonomía total a Moro para todo lo que se refiere al combate a la corrupción y al crimen organizado, pero hay asuntos del Ministerio de Justicia que dependerán directamente del Presidente, como las reservas indígenas y el aumento de la edad de responsabilidad penal», afirmó el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, en una entrevista a la televisora Bandeirantes.
«En lo que seamos antagónicos vamos a buscar un término medio; por ejemplo, yo estoy a favor de garantizar la posesión de armas y esa fue una de las banderas de mi campaña; vamos a buscar un acuerdo que nos deje satisfechos a los dos», agregó el diputado nacionalista, informó la agencia de noticias EFE.
Bolsonaro, que ganó las elecciones presidenciales del 28 de octubre pasado con un 55% de los votos, anunció el jueves pasado que Moro, un símbolo del combate a la corrupción en Brasil, asumirá como ministro de Justicia de su gobierno y tendrá autonomía total para ejercer su cargo y nombrar a todos sus colaboradores, así como todas las herramientas que necesite.
Moro fue el juez responsable en primera instancia del proceso Lava Jato, que destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, y fue el magistrado que condenó y ordenó el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su responsabilidad en ese caso.
Bolsonaro, que asumirá su mandato el 1 de enero próximo, afirmó que le ofreció a Moro un superministerio que reunirá las actuales carteras de Justicia y de Seguridad Pública, así como algunos órganos de otros ministerios especializados en el combate al lavado de dinero o en la fiscalización de negocios públicos.
Sin embargo, este lunes admitió que en algunos asuntos la decisión será suya, como en la referente a las reservas indígenas, una de las atribuciones del ministerio, ya que no pretende que se delimiten más reservas para los indios en Brasil.
En otros asuntos en los que el mandatario electo de Brasil afirmó que necesitará llegar a un «término medio» con Moro es sobre la responsabilidad penal, ya que prometió reducirla desde los actuales 18 años hasta 16, y la portación de armas.
«Lógicamente quien quiere comprar un arma no podrá ir a la tienda y comprarla simplemente; habrá exigencias, y estamos garantizando sólo la posesión (no la portación), para que la persona pueda tenerla en su casa o en su hacienda para defenderse», dijo.
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