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Le reproch a la CIDH que «no avanz» en los mecanismos internos correspondientes para aclarar las denuncias.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió este viernes su veto a la continuidad del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, al argumentar que tiene «61 denuncias» pendientes en su contra.
El excanciller uruguayo salió al cruce de los numerosos cuestionamientos, entre ellos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y del Gobierno argentino, que afirman que la decisión implica una «violación a la autonomía e independencia» de la comisión.
La CIDH, fundada en 1959, es un órgano autónomo: sus miembros no son elegidos directamente por el secretario general de la OEA, pero como cabeza de la organización sí es necesario que confirme y efectivice a la persona elegida para el puesto.
Almagro bloqueó la renovación del mandato de Abrao, vigente hasta el 15 de agosto, a pesar de que la propia comisión había pactado por unanimidad que el brasileño siguiese cuatro años más, hasta 2024.
«De ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias», apuntó el secretario general de la OEA y por primera vez brindó detalles del contenido de esas acusaciones: «Conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas».
En un comunicado difundido este viernes, el uruguayo dijo que las denuncias tienen «más de un año» y le reprochó a la CIDH que «no avanzó» en los mecanismos internos correspondientes para aclararlas.
La comisión ya había criticado que la «decisión unilateral» del Almagro constituye «un franco desconocimiento de su independencia y autonomía».
“Las normas sobre las que se construyó el sistema interamericano de derechos humanos responden a la necesidad de resguardar sus competencias y su autonomía institucional, de tal suerte que actores externos no puedan determinar quiénes desempeñan estos cargos, y mucho menos, el momento de su separación del cargo”, añadió el organismo.
En su defensa, Almagro manifestó que no tiene «ningún interés» en elegir al secretario de la CIDH, pero pidió que esta persona «tenga idoneidad personal, moral y profesional para el desempeño de sus funciones».
En los últimos días distintas organizaciones y dirigentes vinculados a los derechos humanos criticaron el veto a la continuidad de Abrao.
Bachelet calificó de «perjudicial» la situación y señaló que «corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH».
«La Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del órgano principal de la OEA en la materia», expresó por su parte Cancillería en un comunicado.
En sintonía, el Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó la decisión de Almagro como «un ataque gravísimo a la autonomía e independencia de la CIDH que afecta seriamente su rol en la protección de los derechos humanos».
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