La justicia de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno porteño que cumpla con «las exigencias alimentarias» para una mujer de 54 años, gravemente enferma y quien actualmente pesa 38 kilos, que debe recuperar peso para ser sometida a una operación que impida que quede inválida de por vida.
El fallo fue dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Lidia Lago y benefició a Amalia Mónica Doval, al considerar «afectados sus derechos y garantías constitucionales a la salud y a la dignidad, al no reconocérsele su derecho a una alimentación adecuada, al negársele la inclusión en el programa Ciudadanía Porteña o en alguno de los programas gubernamentales vigentes a pesar de persistir su situación de carencia nutricional».
Doval «tiene 54 años, está desempleada y sin posibilidades de insertarse al mercado laboral debido a su edad y estado de salud. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, gastritis crónica, dispepsia tipo dismotilidad, desnutrición, anemia y artrosis cervical y lumbar con escoliosis, por lo que el Ministerio de Salud del GCBA le emitió certificado de discapacidad», indicó la resolución.
La mujer «carece de recursos económicos para afrontar el costo de una adecuada alimentación acorde a su estado de salud, lo que impide que pueda ser operada, pues recién cuando su situación clínica lo permita podrá ser intervenida quirúrgicamente», reseña el fallo, al que tuvo acceso DyN.
Actualmente, y gracias a un fallo judicial, la mujer afronta malamente sus gastos de vivienda y percibe 200 pesos del programa Ticket Social de la Dirección Ciudadanía Porteña, pero el plan alimentario que le recomendaron nutricionistas del Hospital de Clínicas «representan un costo mensual estimado de 430 pesos», más «dos latas de 350 gramos del suplemento nutricional recetado por 100 pesos».
La mujer tiene una talla de 1,47 metros y pesa 38 kilos; en el último mes perdió el 15 por ciento de su peso corporal y debe cumplir una dieta hipercalórica para salvar su vida.
La jueza Lago ordenó al gobierno porteño cumplir con «las exigencias alimentarias que el estado de salud de la actora requiere por prescripción médica, sea a través de su inclusión en el Programa Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho o en cualquier otro programa asistencial acorde con sus necesidades nutricionales o mediante la provisión de fondos suficientes para su satisfacción, hasta tanto supere la emergencia alimentaria en que se encuentra».