La industria argentina del calzado atraviesa una de sus peores crisis en años: más de 200 fábricas cerradas, cerca de 10.000 puestos de trabajo perdidos y una producción que podría terminar 2026 con una caída del 25%. En un contexto de consumo deprimido, mayor presión de las importaciones y suba de costos, empresarios y trabajadores declararon la emergencia y convocaron a una movilización para el 19 de noviembre.
El escenario preocupa aún más por un dato clave: el 14 de diciembre vence una medida antidumping que protege a los fabricantes locales frente al ingreso de determinados tipos de calzado chino. Ante ese posible cambio, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) pidieron respuestas al Gobierno de Javier Milei y advirtieron que, sin medidas, la crisis podría profundizarse.
La industria del calzado perdió más de 200 fábricas y miles de empleosLas cifras difundidas por las entidades empresariales y sindicales reflejan la magnitud del deterioro. Desde fines de 2023 cerraron más de 200 unidades productivas, lo que representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos. En paralelo, el empleo registrado sufrió una contracción neta del 43%, con aproximadamente 10.000 puestos de trabajo perdidos.
La caída también se observa en los niveles de actividad. Según los datos sectoriales, la producción retrocedió un 24,8% interanual entre enero y agosto de 2026, mientras que solamente en agosto el desplome alcanzó el 30,8%. Las proyecciones de la cámara indican que este año se fabricarán unos 60 millones de pares de zapatos, frente a los 80 millones de 2025, una reducción de 20 millones de unidades.
El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, explicó que el principal problema es la falta de compradores, incluso por encima de la competencia externa. «Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye», sostuvo en declaraciones a Infobae. Según el empresario, las fábricas y los comercios acumulan mercadería que el mercado interno no consigue absorber.
Entre los casos más representativos aparecen los cierres de plantas vinculadas con la fabricación de calzado para marcas internacionales, como Dass en Eldorado, Misiones, y Coronel Suárez, Buenos Aires, además de Bicontinentar en Chivilcoy. La crisis también golpeó a Topper en Tucumán, cuya dotación se redujo de más de 1.000 trabajadores a unos 500, según los representantes sindicales.
Alerta por diciembre: vence una protección contra el calzado chinoA la caída de las ventas se suma una preocupación que podría modificar las condiciones de competencia. El 14 de diciembre vence una medida antidumping aplicada a determinados tipos de calzado importado desde China, y los fabricantes temen que su eventual eliminación provoque un nuevo incremento de las importaciones a precios considerablemente inferiores a los costos locales.
El mecanismo vigente establece un valor FOB de referencia de US$ 15,70 por par. Cuando el precio declarado de importación es inferior, corresponde abonar un derecho antidumping equivalente a la diferencia hasta alcanzar ese valor, además de los aranceles habituales. La CIC presentó documentación para solicitar la continuidad de la medida ante las autoridades de comercio exterior.
Los empresarios advierten que el problema no se limita a las importaciones legales. Según estimaciones de la cámara, durante los últimos dos años ingresaron al mercado argentino alrededor de 10 millones de pares de calzado de contrabando, mientras que las plataformas internacionales como Shein y Temu incrementaron la competencia sobre los fabricantes y comerciantes locales.
«Estamos presentando las pruebas para renovar el antidumping que nos vence en diciembre», explicó Moschetto, quien advirtió que, si la protección no continúa, podría producirse una avalancha de calzado importado de bajo precio. El dirigente también reclamó controles sobre la falsificación de marcas y las operaciones comerciales irregulares, aunque reconoció que la industria nacional necesita mejorar su competitividad en materia impositiva y logística.
Del zapatazo solidario a una marcha nacional el 19 de noviembreLa crisis ya tuvo una expresión pública el martes 27 de octubre, cuando fabricantes y trabajadores realizaron un «zapatazo solidario» en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Durante la protesta entregaron aproximadamente 1.000 pares de zapatos gratuitos para visibilizar la acumulación de mercadería sin vender y las dificultades de numerosas familias para acceder a productos básicos.
La iniciativa fue impulsada por la agrupación Zapateros Unidos bajo la consigna «Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos». Entre sus organizadores estuvieron Lito Albano, propietario de Calzados Luna Chiara, y Leonardo Hammoud, dueño de Nazaria, quienes cuestionaron la caída del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas fábricas.
Leonardo Hammoud, propietario de la firma Nazaria e integrante de la agrupación Zapateros Unidos, describió con crudeza el deterioro que atraviesan los fabricantes nacionales. «Estamos atravesando la peor crisis de la historia de la industria del calzado, a punto de desaparecer», advirtió el empresario, en medio de una ola de cierres de fábricas, despidos y caída de las ventas. Su declaración refleja la preocupación de un sector que perdió más de 200 establecimientos productivos y alrededor de 10.000 puestos de trabajo desde fines de 2023, y que ahora teme un nuevo golpe por el vencimiento de las medidas antidumping contra China.
Ese mismo día, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, la CIC y UTICRA anunciaron una movilización federal para el jueves 19 de noviembre, con el respaldo de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, que reúne a organizaciones como la UOM, SMATA y STIA.
El reclamo al Gobierno y una ley que nunca llegó a aprobarseEl secretario general de UTICRA, Agustín Amicone, cuestionó la falta de una política industrial y recordó que el sector llegó a contar con alrededor de 20.000 trabajadores, mientras que actualmente, según sus estimaciones, apenas alcanzaría los 6.000 en el universo al que hizo referencia. El sindicalista también reivindicó un proyecto de promoción de la industria del calzado que obtuvo media sanción en Diputados en 2023, pero nunca fue tratado por el Senado y terminó perdiendo estado parlamentario.
Las organizaciones reclamaron una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio y legisladores nacionales. Entre sus principales pedidos figuran el alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas diferenciadas para la industria y la continuidad de las herramientas antidumping frente a China.
Para empresarios y trabajadores, el desafío inmediato es evitar que la caída de la demanda y el avance de las importaciones aceleren la desaparición de nuevas fábricas. Con una producción proyectada de 20 millones de pares menos que en 2025 y una medida de protección comercial próxima a vencer, el sector buscará trasladar su reclamo a las calles el 19 de noviembre, en medio de una creciente incertidumbre sobre su futuro.