Un proyecto de ley puede aprobarse con amplio respaldo y, aun así, quedar en espera de turno durante años. La ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Argentina el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, y casi dos años después, el Senado aún no la ha votado.
Legisladores como Maximiliano Ferraro atribuyen la demora al lobby de la industria del juego y a las presiones de los clubes de fútbol, mientras que el Estado recauda cada vez más con las apuestas legales. ARCA, la agencia tributaria argentina, ingresó 71.828 millones de pesos en el primer semestre de 2026, casi el 77% de lo recaudado en 2025, con un alza real del 37,8% según la consultora Analytica.
Vale la pena mirar de cerca el caso de México, cuyas reglas han pasado años a prueba y se endurecieron en 2026, para ver qué puede trasladarse a Argentina y qué no.
Entre el lobby y la recaudaciónLa media sanción salió de una iniciativa impulsada por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica Argentina, y contó con el respaldo de Unión por la Patria frente al rechazo del oficialismo. El texto prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar en línea, incluida la realizada por influencers y deportistas, y exige la identificación biométrica de los usuarios al iniciar cada sesión de juego.
El proyecto del Ejecutivo, enviado al Senado en mayo de 2026, prevé penas de 3 a 6 años de prisión para quien opere plataformas sin autorización, encarga al ENACOM el bloqueo de sitios y de publicidad ilegales y reconoce que la regulación del juego corresponde a las provincias, con mecanismos de coordinación.
Mantiene la publicidad de las plataformas con licencia y deja la verificación de edad a cargo de las empresas, lo que llevó a Ferraro a calificarlo como un «claro paso atrás» y a atribuir el freno de la ley a un «fuertísimo lobby» de la industria, con comunicados de la asociación de loterías ALEA y presiones de clubes de fútbol.
La otra mitad de la discusión es fiscal, ya que la recaudación por apuestas online del impuesto indirecto que ARCA cobra a las plataformas legales aumentó un 40% en el mes en que arrancó el Mundial, según 0221.
Hasta septiembre, el total acumulado alcanzó 123,856 millones, equivalente a solo el 0,08% de la recaudación nacional, por lo que no constituiría un impedimento para regular. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dispuso en septiembre de 2026 una retención del 2% sobre los premios de slots en línea de las siete plataformas con concesión.
México, un solo permiso federal y un impuesto de 50%Desde su publicación en 1947, la Ley Federal de Juegos y Sorteos faculta a la Secretaría de Gobernación de México para autorizar, controlar y supervisar los juegos con apuestas y los sorteos en todo el país, de acuerdo con el Orden Jurídico Nacional, y ningún establecimiento ni plataforma opera sin su permiso.
El reglamento establece que un permiso para centros de apuestas remotas dura entre uno y 15 años y que las apuestas captadas por internet, teléfono o medios electrónicos requieren que Gobernación apruebe previamente el mecanismo mediante el cual se reciben.
En el plano fiscal, la nueva regulación de apuestas y casinos elevó la tasa del IEPS para juegos con apuestas y sorteos del 30% al 50% del monto apostado desde el 1 de enero de 2026, según Vanguardia, y también alcanza a plataformas extranjeras sin establecimiento permanente cuando el usuario se encuentra en territorio mexicano.
Gobernación reforzó, además, su capacidad para bloquear dominios y aplicaciones que operan sin permiso, y Mordor Intelligence proyecta que el mercado mexicano de apuestas en línea crezca de 790 millones de dólares en 2025 a 1.090 millones de dólares en 2031.
La escala del negocio quedó a la vista en el Mundial de 2026, cuando algunos operadores reportaron picos de demanda entre 30% y 40% por encima del nivel diario y una base de clientes que casi se duplicó, según el presidente de la asociación del sector, AIEJA. Los dispositivos móviles concentran el 63,9% de la actividad en línea.
Entre las plataformas de apuestas en línea como Caliente.mx, que reciben pronósticos sobre partidos de fútbol desde el celular, las condiciones son el permiso federal, servidores en territorio mexicano, aprobación del mecanismo de captación y anuncios en radio y televisión solo después de las 22:30 horas.
¿Qué puede tomar Argentina de México?La diferencia es institucional, ya que en México un solo permiso federal ordena el mercado, mientras que en Argentina el propio Gobierno sostiene que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no delegaron en la Nación la regulación del juego y que las concesiones, como las de las siete plataformas bonaerenses, dependen de cada jurisdicción.
Una ley nacional tendría que apoyarse en mecanismos de coordinación, como propone el proyecto del Ejecutivo, o en estándares mínimos que cada provincia adopte.
México grava el monto apostado y extiende el impuesto a plataformas extranjeras, de modo que la base imponible no depende de dónde esté radicado el operador, y a esto se suma el bloqueo de los sitios sin permiso, una tarea que el proyecto del Ejecutivo argentino asigna al ENACOM. Argentina, en cambio, recauda un impuesto nacional sobre las apuestas legales, que Caprarulo calcula en 0,08% del total, y una retención bonaerense sobre los premios de slots.
En publicidad, Argentina discute entre la prohibición amplia de la promoción y el patrocinio que aprobaron Diputados y un esquema que mantiene la publicidad de los operadores con licencia, mientras que en México el reglamento exige un permiso previo para difundirla y existen iniciativas en el Congreso para limitarla a horarios nocturnos.
Brasil optó por el extremo opuesto, ya que el 25 de septiembre de 2026 el presidente Lula da Silva prohibió por decreto las apuestas deportivas y los casinos en línea, una medida que el Congreso debe aprobar en un plazo de cuatro meses y que clubes como Flamengo rechazaron por sus contratos de patrocinio.
Una decisión que sigue abiertaEntre la reciente prohibición brasileña y el modelo mexicano de permisos federales con impuestos altos, la lección más transferible para los reguladores argentinos es definir primero qué objetivo persigue la ley, ya sea la salud pública, el orden del mercado legal o la recaudación. Los dos proyectos en el Senado ponderan esos fines de manera distinta, y esa diferencia está en el centro de la discusión.
Con noviembre de 2026 como fecha límite para que el texto de Diputados conserve su estado parlamentario, según advirtió la Pastoral Social, el Senado define si Argentina parte de ese proyecto o vuelve a empezar, mientras que México discute cómo actualizar una ley de 1947 y ya no si debe regular.