En medio de una puja que ya se anticipaba muy ajustada, Lula decidió jugar una carta fuerte nueve días antes de la primera vuelta electoral. El presidente de Brasil, en busca de la reelección, sorprendió a fines de septiembre con la prohibición total de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas deportivas y los casinos en línea (bets) en todo el país.
A través de un decreto, el gobierno brasileño ordenó el cese de operaciones de los sitios web y aplicaciones de apuestas, además de establecer un límite temporal para que los usuarios puedan retirar el dinero depositado en las plataformas. La jugada fue de alto riesgo, pero Lula contaba con una red de seguridad bien medida. Al margen del descontado rechazo de clubes como Flamengo y Palmeiras, cuyos contratos de patrocinio principal dependen en gran medida de empresas de juego, el 75% de la población apoya la prohibición total de las apuestas, según un sondeo reciente de AtlasIntel.
Con un promedio mensual de 9,2 millones de apostadores a lo largo del año pasado, buena parte de la sociedad brasileña ve en el auge de las apuestas online un camino que conduce a crisis de endeudamiento familiar y a graves problemas de salud mental asociados al juego compulsivo. Esa avanzada contra el juego en Brasil, ahora puesta en duda tras el triunfo del bolsonarismo en el primer turno electoral, ¿podría replicarse en Argentina? En todo caso, ¿qué factores impiden que los reiterados mensajes de alerta acerca del crecimiento de la ludopatía, sobre todo la infantil y juvenil, se traduzcan en medidas restrictivas concretas?
«Es muy claro que hay un fuertísimo lobby por parte de la industria del juego que impide la sanción de una ley», dijo a El Economista el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica/ARI y uno de los principales impulsores de una norma que regule el juego.
A fines de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y regulación de apuestas en línea, una iniciativa que reunió propuestas de diversas bancadas, desde la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (un sector del Radicalismo) hasta Unión por la Patria y la izquierda. Sin embargo, ese proyecto nunca fue tratado por el Senado para convertirlo en ley.
«Esto (el lobby) lo vimos desde el comienzo de la discusión, con los comunicados de ALEA (Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina), que nuclea a las distintas loterías y operadoras del juego en el país, pero también en cómo eso se traducía en la presión de distintos clubes de fútbol, dirigentes y otros actores», señaló Ferraro.
El lobby empresarial se potencia con una postura del gobierno de Javier Milei que, como mínimo, luce poco proactiva con respecto a una mayor regulación del juego. De hecho, en una decisión que pareció dirigida a dejar definitivamente atrás el proyecto aprobado en Diputados, el gobierno presentó en mayo pasado otra iniciativa que apunta solo a los operadores ilegales.
Con eso, la propuesta del Ejecutivo no incluye regulaciones específicas sobre cómo deben funcionar los operadores que ya tienen licencia. A diferencia de la media sanción de Diputados, el proyecto del oficialismo debilita medidas de prevención como la verificación biométrica con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para confirmar la mayoría de edad, y la prohibición del uso de tarjetas de crédito y de cuentas asociadas a las prestaciones del ANSES para apostar. Además, elimina la prohibición de la publicidad de empresas de apuestas en camisetas deportivas y no establece jornadas educativas obligatorias en las escuelas, entre otras cuestiones.
«El proyecto enviado por el gobierno nacional al Senado es un claro paso atrás respecto de los puntos centrales que logramos acordar en la Cámara de Diputados para ponerle un freno al avance de la ludopatía», dijo Ferraro. «Lo que finalmente llegó al Congreso es un proyecto hecho a medida de las casas de apuestas para que, en los aspectos más importantes, nada cambie», añadió.
El factor recaudación, ¿realmente pesa?El argumento central del gobierno para sostener su postura es que la regulación del juego es potestad no delegada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al estado nacional. Sin embargo, sectores opositores señalan que el estado nacional cuenta con la facultad, en caso de tener la voluntad, de dar señales mucho más contundentes con respecto a la regulación del mercado legal de las apuestas online, más aún en un escenario social cada vez más alarmante.
Según una encuesta de la Coordinación Nacional de Juventud y el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina que abarcó a 11.421 estudiantes pertenecientes a 231 escuelas localizadas en 16 provincias a fines del año pasado, 6 de cada 10 alumnos de secundaria afirmaron tener exposición directa o por cercanía a las apuestas: mientras el 16% participa, un 45% tiene relación con personas que juegan. Entre los estudiantes encuestados que apuestan, el 79% señaló la posibilidad de desarrollar adicción; el 69%, refirió ansiedad y malestar; y el 49% reconoció alteraciones del sueño y cambios negativos en el rendimiento escolar por su vínculo con la práctica.
En ese marco, la necesidad de una mayor regulación sobre la totalidad del mercado de las apuestas asoma como urgente. De hecho, el uso de billeteras digitales, que es la principal puerta de ingreso a las apuestas online, no distingue entre plataformas legales e ilegales. Sin embargo, aún con niveles desatados de ludopatía que, todo indica, continuaron expandiéndose este año, los proyectos, tanto a nivel nacional como provincial, para restringir el juego siguen sin avanzar.
Ante esa inacción, uno de los interrogantes es si, en paralelo al lobby empresarial, el otro factor que frena una mayor regulación está relacionado con la recaudación creciente que las apuestas aportan al fisco. Durante los primeros nueve meses de 2026, ARCA acumuló una recaudación de $123.856 millones en concepto del impuesto indirecto sobre las apuestas y juegos online legales.
«Mientras hay una tendencia a la caída en la recaudación, por el contrario, este es uno de los pocos tributos que tiene fuertes incrementos mes a mes, y este año acumula en términos reales un aumento del 41,5%», dijo a El Economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica. «Hubo un fuerte salto en julio por el Mundial y luego se estacionó en un nivel alto, pero aún así la recaudación de ARCA por las apuestas online sigue siendo marginal, representa apenas el 0,08% del total nacional: no parecería que ese sea uno de los impedimentos para avanzar con la regulación», agregó.
En todo caso, el impacto es mayor en las provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof dispuso en septiembre aplicar una retención del 2% sobre los premios de las apuestas online de resolución inmediata (slots) en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia. Las estimaciones del gobierno bonaerense es que con esa medida ingresarán todos los meses entre $35.000 y $40.000 millones.
«(El volumen del mercado del juego) claramente tiene un impacto en las recaudaciones fiscales de las provincias y genera incentivos para mirar para otro lado, pero más claro y burdo todavía ha sido el impacto del lobby en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado para tapar el tratamiento de la media sanción en Diputados», dijo Ferraro. «Es difícil creer que exista un compromiso real del gobierno nacional para dar una respuesta al sufrimiento que atraviesan las familias por el avance de la ludopatía cuando adopta este tipo de decisiones, y mucho más cuando, frente a la media sanción aprobada en Diputados, desde el propio gobierno incluso se llegó a amenazar con un veto: hasta ahora, cada vez que tuvo que elegir entre avanzar con una regulación efectiva o preservar los intereses del negocio, eligió lo segundo».