El Gobierno exhibe la desaceleración del índice de precios como su principal activo de gestión. Sin embargo, esta semana el INDEC informará una nueva suba de la pobreza. La aparente paradoja —los precios se «ordenan» y la pobreza crece— tiene una explicación técnica que la teoría económica conoce desde hace más de un siglo: no todos los hogares enfrentan la misma inflación, y la vara con la que se mide la pobreza no se mueve al ritmo del promedio.
La inflación del promedio no es la inflación de los hogares vulnerablesEn el primer semestre, la canasta básica total —el umbral que separa a un hogar pobre de uno que no lo es— acumuló un alza del 22,7%, mientras el índice general avanzó 21,3%. La brecha parece menor, pero es sistemática, y su origen está en la composición del gasto.
Ernst Engel formuló en 1857 la ley que lleva su nombre: cuanto menor es el ingreso, mayor es la proporción destinada a alimentos y bienes de primera necesidad. Cuando esos rubros —y los servicios regulados, como energía, agua y transporte— aumentan por encima del resto, el costo de vida de los hogares de menores recursos crece más rápido que el promedio. A ello se suma un sesgo estadístico bien documentado: S. J. Prais demostró en 1959 que el índice de precios convencional es «plutocrático», porque pondera según el gasto total y, por lo tanto, la estructura de consumo de los hogares de mayores ingresos pesa más en el resultado. Un índice «democrático», que asignara igual peso a cada hogar, arrojaría una inflación más alta, precisamente porque reflejaría el mayor gasto relativo en esenciales de las familias humildes. La investigación contemporánea de Xavier Jaravel confirma el patrón en distintas economías: los hogares de menores ingresos tienden a enfrentar una inflación efectiva superior a la que capta el índice agregado.
Una canasta rígida frente a precios que se reordenanLa línea de pobreza no es un promedio ponderado flexible, sino una canasta normativa relativamente fija. A diferencia del índice general —que supone cierta sustitución entre bienes cuando cambian los precios relativos—, un hogar en la subsistencia no puede sustituir vivienda, transporte al trabajo o alimentos básicos. A. A. Konüs sentó en 1924 las bases de la teoría del «verdadero costo de vida»: el costo de sostener un nivel de bienestar dado. Para quien vive al límite, ese costo se vuelve rígido; el margen de sustitución que abarata el índice promedio simplemente no existe.
Aquí aparece la especificidad argentina. El programa de estabilización operó sobre un fuerte reordenamiento de precios relativos: los regulados subieron muy por encima del núcleo (44% frente a 32% interanual, según el propio INDEC) y los servicios corrieron más rápido que los bienes. Ese reacomodamiento recae con más fuerza sobre la canasta de los sectores vulnerables, que destinan una fracción mayor de su ingreso a tarifas, alquiler y comida. La desinflación del titular convive con un encarecimiento concentrado en aquello que el hogar pobre no puede dejar de comprar.
El problema de la base desactualizadaA este mecanismo se suma un problema de medición. Las recomendaciones internacionales —de la OIT y del FMI— aconsejan reponderar los índices cada cinco años sobre encuestas de gasto actualizadas. El IPC argentino todavía se apoya, en buena medida, en una estructura de consumo previa a la última encuesta disponible. La actualización sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 debía regir desde enero y fue postergada. No es un detalle metodológico: con ponderaciones envejecidas, el índice subestima el peso actual de servicios y vivienda, justamente los rubros que más aumentaron. Estimaciones privadas indican que, con la canasta actualizada e incorporando el costo del alquiler, la línea de pobreza superaría los dos millones de pesos y la tasa se ubicaría en torno al 39%.
Estabilizar es el punto de partida, no el destinoLa discusión no es semántica. Angus Deaton advirtió que medir bien los precios que enfrentan los pobres es condición para medir bien la pobreza. Un país que desacelera la inflación general mientras encarece de manera desproporcionada la canasta de subsistencia no está mejorando el bienestar de los más expuestos: está trasladando el costo del ajuste hacia abajo en la escala de ingresos.
La calidad de la estabilización importa tanto como su existencia. Sin recomposición del ingreso real, sin empleo formal y sin protección de la inversión que sostiene el crecimiento, la baja del índice no se traduce en menos pobreza. La cifra que el INDEC difundirá esta semana no describe una anomalía estadística: describe la distancia entre el precio promedio y el costo de vivir. Estabilizar los precios es un punto de partida imprescindible; confundirlo con el destino es el error que la próxima medición de pobreza vuelve a exponer.