La morosidad de los préstamos a las familias argentinas dejó de ser un problema doméstico para instalarse en el radar de los grandes bancos de inversión. El dato que llamó la atención afuera es contundente: la mora de los créditos a hogares trepó al 12,6% de la cartera en mayo de 2026, un salto de 8,3 puntos en un año y el nivel más alto desde 2005, la salida de la convertibilidad. En paralelo, el servicio de la deuda ya absorbe cerca del 25% del ingreso de los hogares. Uno de cada cuatro pesos de las familias se destina a pagar cuotas. El consuelo que ofrecen los analistas es que nada de esto derivará en una crisis sistémica. Es verdad; pero esa tranquilidad, bien mirada, es la peor noticia.
Conviene detenerse en la causa, porque el diagnóstico condiciona la política. No estamos ante un episodio de sobreendeudamiento imprudente. El salario real acumula una mejora de apenas 8,3% en toda la gestión y quedó estacionado en los niveles de 2023. Cuando el ingreso no alcanza y la inflación cede sobre tasas reales altas, el hogar no se endeuda para consumir de más: se endeuda para sostener el nivel de vida que su salario ya no financia. La mora, en ese marco, no es la enfermedad; es el síntoma de un ingreso que no crece.
Un marco para leer el fenómenoLa literatura reciente ofrece herramientas precisas. El sociólogo británico Colin Crouch acuñó la idea de «keynesianismo privatizado»: cuando ni el Estado ni los salarios sostienen la demanda, es el endeudamiento de los hogares el que ocupa ese lugar, con la fragilidad que ello implica. Raghuram Rajan, en Fault Lines, mostró cómo el crédito fácil funciona como sustituto político del estancamiento del ingreso: se posterga el conflicto distributivo financiándolo, hasta que la cuenta llega. Hyman Minsky aportó la mecánica: los sistemas estables engendran su propia fragilidad, porque el deudor pasa de cubrir capital e intereses a refinanciar solo los intereses, y de allí al default. Por último, Atif Mian y Amir Sufi, en House of Debt, documentaron que las crisis de deuda de los hogares golpean la demanda con más fuerza y persistencia que las corporativas, porque el ajuste recae sobre quienes menos margen tienen.
Un antecedente que conviene recordarEl caso coreano de 2003 es ilustrativo. Tras la crisis asiática de 1997, el gobierno buscó reactivar el consumo interno desregulando la industria de tarjetas y otorgando incentivos fiscales a su uso. Las emisoras salieron a colocar plásticos sin evaluar la capacidad de pago —literalmente, en la vía pública—. La deuda de los hogares saltó al 64% del ingreso disponible y la tasa de ahorro se desplomó del 23% a menos del 10%. El boom terminó abruptamente: la mora de las tarjetas superó el 18%, varios millones de personas cayeron en default y ocho de las nueve principales emisoras dieron pérdidas. LG Card, la mayor, con siete millones de clientes, evitó la quiebra por un rescate cercano a US$4.500 millones con auxilio estatal (BIS, Kang y Ma). La economía entró en recesión y el consumo se contrajo. La lección es nítida: el crédito puede simular crecimiento por un tiempo, pero no lo crea.
El «costo bajo» que en realidad es un diagnósticoLos analistas internacionales aportan un consuelo llamativo: el costo macroeconómico de los impagos sería reducido, apenas medio punto del PBI, porque el crédito al sector privado en la Argentina equivale al 13% del producto, contra 75% en Brasil y 36% en México. Es cierto. Pero conviene leer bien ese número. Un sistema financiero tan pequeño no contagia porque casi no pesa; y no pesa porque décadas de inestabilidad destruyeron el crédito de largo plazo. Lo que se celebra como fortaleza —la ausencia de riesgo sistémico— es, en rigor, la constatación de una economía que no financia su propia inversión. Un crédito equivalente al 13% del PBI no es un blindaje: es una carencia.
El interrogante de fondo es qué se hace con esa liquidez. La eliminación de las LEFI liberó fondos que los bancos volcaron al consumo, no a la inversión productiva; y la respuesta oficial, según anticipó el propio ministro de Economía, es no intervenir y esperar que las entidades refinancien las deudas para ordenar los ratios. Es una salida contable, no económica: refinanciar reclasifica el problema, pero no repara el ingreso que lo originó.
La estabilización nominal es una condición necesaria, pero no suficiente. Bajar la inflación con salarios planchados y tasas reales elevadas ordena los precios y desordena la mesa familiar. Mientras la morosidad siga creciendo entre los hogares y el crédito siga financiando los consumos básicos que el ingreso ya no alcanza a cubrir —en lugar de la inversión que ampliaría la capacidad de pago futura—, la morosidad no será un accidente: será la consecuencia previsible de un modelo que confunde estabilizar con desarrollar.