El Boletín Oficial publicó hoy una Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda que, a primera vista, parece un trámite técnico. Amplía la emisión de tres títulos capitalizables en pesos —una letra con vencimiento a fines de octubre de 2026 y dos bonos a enero y abril de 2027— para entregarlos a contratistas de obra pública en cancelación de certificados, acopio de materiales y redeterminaciones de precios adeudados entre 2022 y 2025, además de deudas de contratos rescindidos desde 2024. El tope es de $221.119 millones y los instrumentos se entregan a valor técnico.
Hasta acá, nada que objetar: el Estado debe y paga. El punto relevante está en una línea del articulado. La operación se imputa a «Aplicaciones Financieras», es decir, debajo de la línea. Ese desembolso no va a figurar como gasto primario en el resultado base caja que se presenta cada mes como ancla de la política económica.
Dos capas de una misma operaciónLa mecánica tiene dos momentos. Primero, mientras los certificados se acumulaban sin pagarse, el resultado base caja mejoraba: la obra existía, el gasto estaba devengado, pero no salía un peso de la Tesorería. Segundo, cuando esa deuda se cancela con bonos, deja de ser una obligación comercial y se convierte en deuda pública. El gasto queda así fuera del resultado primario en forma permanente: no apareció cuando se ejecutó la obra porque no se pagó, y no aparece ahora porque se paga con papeles.
A esto se suma una segunda capa. Al tratarse de títulos capitalizables, los intereses no se registran hasta el vencimiento, de modo que tampoco pesan hoy sobre el resultado financiero. Un dato ilustra la naturaleza del instrumento: alrededor de un tercio del monto se cancela con una letra que vence el 30 de octubre, en apenas 24 días. En la práctica es casi efectivo; en la contabilidad, es financiamiento.Conviene ser justos. Una parte de lo adeudado proviene de la gestión anterior, y regularizar atrasos con proveedores es una práctica sana. Lo que está en discusión no es el pago, sino su registro.
Una advertencia conocidaLa literatura de finanzas públicas tiene nombre para esto. A comienzos del siglo XX, el italiano Amilcare Puviani describió la «ilusión fiscal»: la capacidad del Estado para presentar sus cuentas de modo que la carga real resulte menos visible de lo que es. Casi un siglo después, William Easterly se preguntó en un trabajo de 1999 cuándo un ajuste fiscal es una ilusión, y mostró que los gobiernos sometidos a metas de déficit tienden a reducir el déficit medido postergando pagos, recortando inversión o trasladando obligaciones hacia otros pasivos, sin mejorar su posición patrimonial neta. Timothy Irwin, en un documento del FMI de 2012, catalogó estos artificios contables y llegó a una conclusión práctica: cuanto más estrecho es el indicador que se usa como meta, más fácil resulta cumplirlo sin cumplir su propósito.
El resultado base caja es, precisamente, un indicador estrecho. Por eso los estándares internacionales —empezando por el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del propio FMI— recomiendan complementarlo con la base devengado y con el seguimiento del balance de pasivos. En devengado, esta obra se registró cuando se ejecutó; en caja, nunca. La diferencia entre ambas cifras es exactamente la información que falta.
Quién financió el equilibrioDel otro lado de la operación hay empresas que ejecutaron obras, compraron materiales y sostuvieron plantillas mientras esperaban cobrar. Durante ese tiempo financiaron al Tesoro con capital propio o con crédito caro, y hoy reciben títulos que, si necesitan liquidez, deberán vender en el mercado con el descuento que corresponda. Muchas son pymes constructoras del interior, en un sector donde la obra pública cayó cerca de 30% en términos reales y la informalidad laboral alcanza a siete de cada diez puestos. Para ellas, el superávit tuvo un costo financiero concreto que no figura en ninguna planilla oficial.
Hay además un efecto sobre la calidad del ajuste. Cuando el equilibrio se apoya en diferir pagos de capital, la señal que recibe el sector privado es que contratar con el Estado implica asumir riesgo de cobro. Ese riesgo se traslada a los precios de las futuras licitaciones: la obra pública que viene será más cara.
La transparencia como pruebaSi el equilibrio fiscal es genuino, no tiene nada que perder mostrándose completo. Tres medidas lo harían verificable: publicar el resultado base devengado junto al base caja, informar mensualmente la deuda flotante con proveedores y contratistas, y registrar los intereses de los instrumentos capitalizables a medida que se devengan y no al vencimiento.
Ninguna de estas prácticas es heterodoxa; son las que aplican los países que hacen de la solvencia fiscal un activo de credibilidad. La pregunta que deja la resolución de hoy es sencilla de formular y difícil de responder con los datos disponibles: cuánto del superávit es ahorro efectivo y cuánto es gasto que todavía no se terminó de contar.